En una época en la que asistimos a un marcado deterioro del Poder Judicial de la Nación, en la que existen magistrados sospechados de inacción en causas de trascendencia institucional; en la que quienes obtienen resultados deficientes en los concursos pueden verse favorecidos por criterios discrecionales sustentados en entrevistas personales todo puede pasar.
También puede advertirse que la influencia de determinados operadores políticos puede llegar a incidir en el orden de mérito de los postulantes; y en la que la actuación del Ministro de Justicia parece privilegiar una eventual adhesión a las ideas del gobierno por sobre las condiciones intelectuales, la idoneidad y los conocimientos jurídicos de los candidatos, resulta oportuno traer a la memoria a aquellos magistrados que, a lo largo de toda su trayectoria, demostraron una conducta irreprochable y un desempeño judicial que honró a la magistratura.
Son muchos los ejemplos que podrían evocarse. Sin embargo, hay uno que, por su singularidad, merece un recuerdo especial: el de la Dra. Carmen Argibay. Su trayectoria permite advertir el profundo contraste entre una jueza que hizo de la independencia, la integridad y la fidelidad al derecho los pilares de su actuación, y la conducta de muchos magistrados que, en cambio, se muestran proclives a someterse a las influencias de los poderes de turno o a las presiones ejercidas por actores políticos y económicos
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Carmen María Argibay Carlé nació en Buenos Aires, el 15 de junio de 1939, hizo sus estudios en el Colegio Mallinckrodt donde después de terminarlos pasó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió de abogada el 11 de junio de 1964, ingresando al Poder judicial de la Nación, donde desarrolló una significativa carrera.
Ingresó en 1959 como empleada interina en la Justicia Correccional, y años después asumió como secretaria de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, siendo la primera mujer en ser designada en ese puesto. Su carrera se interrumpió el 24 de marzo de 1976 cuando fue secuestrada a las 3 de la mañana por decisión de la la criminal dictadura cívico militar, ante supuestas conexiones que habría tenido con la guerrilla, que nada tenían con la realidad, sino que nunca fueron probadas.
Estando detenida en la cárcel de Villa Devoto tuvo un infarto de miocardio, y ante la imposibilidad de ser atendida fue trasladada a un hospital público, siendo finalmente liberada el 22 de diciembre, pero con un régimen de libertad vigilada.
Mientras estaba detenida, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, totalmente sometida a la dictadura mediante un acuerdo de carácter secreto, la dejó cesante, por no haberse presentado a trabajar como correspondía, impidiéndole ejercer algún cargo público o docente.
Fue encarcelada simplemente por ser una funcionaria judicial identificada con el Estado de Derecho y por negarse a convalidar los abusos del régimen.
Aquella experiencia dejó una huella indeleble, pero nunca se transformó en resentimiento. Por el contrario, fortaleció su compromiso con la legalidad, el debido proceso y las garantías constitucionales.
Al salir de la prisión y pese a su delicado estado de salud y al no tener ingresos formó un estudio dedicándose a la actividad privada donde ejerció la defensa de muchos de los perseguidos en ese tiempo.
Con el retorno de la democracia, fue designada por el Presidente Alfonsín en junio de 1984 al frente del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Sentencia Letra “Q”, mostrando la ejemplaridad de sus sentencias y la concepción humanística que siempre la caracterizó.
Ascendió en diciembre de 1988 a jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Se jubiló de este cargo de la justicia nacional el 1 de enero de 2002.
Fue parte del Tribunal Internacional de Mujeres sobre Crímenes de Guerra para el Enjuiciamiento de la Esclavitud Sexual, que condenara en diciembre de 2000 al ejército japonés por los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, donde se sometieron mujeres de distintos países a la esclavitud sexual. En junio de 2001 fue nombrada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como jueza ad litem en el Tribunal Criminal Internacional que juzgó los crímenes de guerra en la ex Yugoeslavia.
Cuando el presidente Kirchner decidió cambiar la Corte Suprema se nominó a la Dra. Argibay, aprobando el Senado su designación el 7 de julio de 2004. Algunos miembros de este cuerpo, en parte presionados por los obispos de sus respectivas provincias, presentaron resistencia a su designación, por su condición de atea y su posición a favor del aborto.Se generó un intenso debate público ya que la Dra. Argibay se había definido abiertamente como «atea militante» y feminista, manifestando su apoyo a la despenalización del aborto.
Nunca ocultó sus convicciones personales, pero sostuvo que un juez debe decidir conforme a la Constitución y las leyes, no según sus creencias, constituyendo esa transparencia intelectual uno de los rasgos más distintivos de su personalidad pública. Fue la primera mujer designada para ese cargo por un gobierno democrático.
Carmen Argibaytiene un lugar significativo en la historia institucional de nuestro país siendo una de las juristas más respetadas de su generación, ya que hizo de la independencia judicial, la defensa de los derechos humanos y la igualdad de género principios rectores de toda su trayectoria. Su legado no se explica únicamente por sus fallos, sino por una coherencia ética poco frecuente: sostuvo las mismas convicciones antes, durante y después de ocupar los cargos más altos de la magistratura.
Su independencia judicial quedó especialmente demostrada en 2007, cuando la Corte Suprema declaró la invalidez de los indultos presidenciales concedidos por Carlos Menem a responsables de delitos de lesa humanidad.
Aunque ella misma había sido víctima de la dictadura, votó en disidencia diciendo entre otras cosas: «Los indultos son inconstitucionales, pero por encima de esto está la cosa juzgada. Si no fuera así, tendríamos que estar revisando causas eternamente y nunca tendrían fin las disputas… Si no respetamos lo que dijeron otros tribunales, aunque no nos guste, estamos perdidos…La ley está por encima de las convicciones personales. Se tienen que dejar de lado los prejuicios y las ideas personales”.
Sostuvo que, desde el punto de vista jurídico, esos indultos eran válidos. Su posición no implicaba justificar los crímenes del terrorismo de Estado ni desconocer el sufrimiento de las víctimas; por el contrario, reflejaba su convicción de que un juez no debe decidir movido por sus experiencias personales ni por las consecuencias políticas de un caso, sino por la interpretación que considera correcta del derecho vigente. Explicó que se debería ser capaz de distinguir entre justicia y venganza, y sostuvo que «el primer deber de un juez es ser desagradecido con quien lo nombró», una frase que sintetiza su concepción de la independencia judicial. Aquella disidencia le valió fuertes críticas desde diversos sectores, pero nunca modificó su criterio para evitar el costo político de su decisión.
La coherencia de Carmen Argibay tiene un carácter especial al venir de una mujer que había sufrido en carne propia la persecución ilegal del régimen militar. Su voto demostró que concebía el Estado de Derecho como un principio absoluto: precisamente porque había sido víctima de la arbitrariedad estatal, entendía que los jueces debían preservar la independencia frente a cualquier presión, incluso cuando ello implicara adoptar decisiones impopulares.
Otra de las cuestiones importantes del legado que dejó fue su constante defensa y apoyo al feminismo. No entendió la igualdad de género como una consigna vacía o abstracta, sino como un compromiso institucional. Fue cofundadora de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, fundó la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina e impulsó la incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial.
Defendió políticas de educación sexual, el acceso a métodos anticonceptivos, la lucha contra la trata de personas y la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Para ella, la igualdad requería transformar las prácticas institucionales y ampliar el acceso de las mujeres a los espacios de decisión.
Su feminismo nunca fue incompatible con una rigurosa defensa de la imparcialidad judicial. Consideraba que la perspectiva de género no autorizaba a abandonar el derecho, sino que permitía comprender mejor las desigualdades estructurales que muchas veces permanecían invisibles para la justicia tradicional. Esa mirada contribuyó decisivamente a modernizar la cultura judicial argentina.
Durante toda su carrera tuvo un conjunto de valores que nunca abandonó a pesar de que muchas de sus posiciones no resultaban políticamente correctas, y las críticas sobre ella se agudizaron cuando se opuso a la nulidad de los indultos decretados por Menem. Siempre tuvo presente la defensa irrestricta del estado de derecho, contra criterios jurídicos oportunistas u ocasionales. Careció de todo fanatismo y los que la conocieron sabían de su amplitud de criterio, de su humanidad y una honestidad intelectual que le reconocieron muchos que la criticaron.
En sus decisiones le tenía sin cuidado la opinión pública porque sabía que debía ajustarse a lo que ella consideraba justo y nunca se dejó influir por las presiones políticas del momento, ni por la exigencia de movimientos de derechos humanos que cuestionaron muchas de sus posiciones.
Al cumplirse el décimo aniversario de su fallecimiento, la Corte volvió a homenajearla mediante la Acordada 13/2024. Allí la recordó diciendo que “fue una mujer de profundas e inclaudicables convicciones democráticas que honró a la magistratura argentina», ejerciendo “con ejemplar dignidad” el cargo de ministra del alto tribunal.
