Buenos Aires, 21 octubre (NA) – La Corte Suprema de Justicia confirmó extradiciones en casi una decena de causas, pero la última decisión sobre los envíos al exterior quedará en manos del Poder Ejecutivo.
En el acuerdo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti analizaron los fallos de primera instancia, los planteos de los requeridos y la opinión de la Procuración General, y resolvieron avalar extradiciones solicitadas por Estados Unidos, Rusia, Venezuela, Chile, Brasil y Paraguay.
Entre los casos, la Corte confirmó la extradición de Augustín Felipe O’Ryan Soler, ciudadano chileno condenado a siete años de prisión por violación y abuso sexual agravado, y de Aníbal Adrián García García, también requerido por Chile para ser juzgado por robo con violencia e intimidación de las personas y para cumplir penas por robo con fuerza de las cosas y receptación de vehículos motorizados.
El máximo tribunal también avaló los pedidos respecto de Cristhian Harold Aguayo Tafur, reclamado en Perú por homicidio agravado; Luis Ángel Gotopio, buscado en Venezuela por tráfico de drogas y asociación ilícita; y Enrique Gonzales Román, ciudadano peruano con circular roja de Interpol para ser sometido a proceso por secuestro y robo agravado.
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Además, convalidó las extradiciones de Juan Carlos Argüello Villalba, ciudadano paraguayo requerido en Estados Unidos por asociación ilícita y fraude electrónico, y de Benjamín Daniel Levy, acusado en Nueva York de conspiración para cometer lavado de dinero por el presunto blanqueo de más de 50 millones de dólares provenientes del narcotráfico entre 2018 y 2020.
La Corte declaró procedente también la extradición de I.G., requerido por Rusia en una causa por drogas. El acusado había pedido no ser enviado a ese país por temor a padecer torturas o tratos crueles, pero el fallo señaló que el Estado requirente se comprometió a garantizar su defensa y seguridad, además de permitir visitas de autoridades diplomáticas argentinas.
En otro expediente, el tribunal confirmó la extradición de Mónica Soledad De Oliveira, requerida por Brasil para cumplir una condena de 10 años, tres meses y 20 días de reclusión en régimen cerrado y 1268 días de multa por asociación ilícita y tráfico internacional de drogas.
En los trámites de extradición, el juzgado interviniente resuelve si el pedido es procedente, sin analizar los hechos por los que la persona es requerida, ya que esa evaluación corresponde al país que la reclama. Si la Justicia avala la extradición, comienza la etapa de “decisión final”, que queda en cabeza del Poder Ejecutivo. Agencia NA
