Vendedores ambulantes de Resistencia realizaron este jueves un reclamo contra el Municipio por los controles en la vía pública, los decomisos de mercadería, las multas y el secuestro de carros utilizados como herramientas de trabajo.
La protesta se concretó en la plaza 25 de Mayo, donde trabajadores de la economía popular realizaron un “Facturazo” con facturas, cocido, mate y café caliente para visibilizar su situación. Bajo la consigna “Trabajar no es delito, trabajar es dignidad”, pidieron que las autoridades municipales los reciban y habiliten una salida que les permita continuar con su actividad.
Durante la convocatoria, los vendedores ambulantes cuestionaron los operativos municipales y aseguraron que muchas familias dependen de la venta callejera para sostener sus ingresos diarios. “Queremos que nos dejen trabajar. Hay compañeros que tienen carritos de pancho, otros emprendimientos, y les sacaron todo a la fuerza. Les rompieron los carritos, les secuestraron la mercadería. Nosotros queremos trabajar”, expresó una de las vendedoras.
La mujer afirmó que muchos trabajadores permanecen más de 12 horas por día en la calle para poder llevar dinero a sus hogares. También sostuvo que, pese a los pedidos de diálogo, no recibieron una respuesta concreta. “Nos dicen que nos van a dejar trabajar, pero nunca tenemos una respuesta. Necesitamos una respuesta ahora”, reclamó.
El caso de Gustavo, el vendedor al que le secuestraron el carro
Uno de los casos que tomó mayor repercusión fue el de Gustavo, un vendedor de panchos cuyo carro fue retirado durante un operativo municipal que se viralizó en los últimos días.
El trabajador contó que ese carro era su principal herramienta laboral y que, desde el secuestro, tuvo que salir a vender otros productos para poder subsistir. “Imaginate que te saquen tu herramienta de trabajo. Con eso sostengo a mi familia y con eso llevaba el pan a la mesa. Es un trabajo, no estoy robando ni haciendo nada malo, solamente estoy trabajando”, sostuvo.
Gustavo explicó que actualmente vende gorros, banderas y figuritas del Mundial, aunque advirtió que se trata de una salida provisoria. “Se termina el Mundial y mi sustento ya no está. Con lo que junte voy a intentar armar otro carro, pero me lo pueden volver a sacar”, señaló.
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También cuestionó el monto que, según dijo, le solicitaron para recuperar su herramienta de trabajo. “Me dijeron que tenía que pagar 600 mil pesos para retirarlo. ¿De dónde saco? Una bandera vendo a 10 mil pesos, un gorro a 5 mil. Eso sirve para el día a día”, afirmó.
“No somos delincuentes, somos trabajadores”
Los ambulantes insistieron en que no buscan confrontar con el Municipio ni ocupar el espacio público sin ningún tipo de ordenamiento, sino contar con una instancia de regularización.
“Nosotros no somos piqueteros, no somos nada. Solamente queremos trabajar. Si el Municipio nos quiere registrar, darnos un lugar y un permiso, estamos dispuestos”, planteó Gustavo.
En la misma línea, otros trabajadores remarcaron que están dispuestos a cumplir requisitos, siempre que exista una alternativa real que no implique perder sus herramientas laborales ni quedarse sin ingresos.
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El impacto en las familias
Otra de las voces del reclamo fue Camila, pareja de un vendedor al que también le secuestraron su carro. La mujer contó que la situación afectó directamente a su familia y aseguró que sus hijos quedaron con miedo después del operativo.
“Nuestros hijos no quieren salir del barrio. Ven un policía o un inspector y dicen: ‘A papá lo van a llevar preso’. Yo siempre les enseñé que hay que trabajar honradamente, pero hoy nos están poniendo miles de trabas”, manifestó.
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Camila también cuestionó que los vendedores ambulantes sean tratados como un problema para la ciudad. “Dicen que damos mala reputación, pero somos trabajadores. No somos delincuentes. ¿Por qué no buscan a los delincuentes? Todos saben dónde venden droga, dónde roban. Nosotros estamos trabajando”, reclamó.
Los trabajadores de la economía popular pidieron que el Municipio abra una instancia formal de diálogo para ordenar la actividad sin afectar a quienes dependen de la venta ambulante. “No queremos enfrentamientos. No queremos privilegios. Solo queremos que nos permitan trabajar dignamente y que las autoridades se sienten a dialogar con nosotros”, expresaron durante la convocatoria.
