Todo empezó con un papel. En octubre de 2023, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos, Marcelo Alejandro Bertorello, encontró en la sede gremial dentro de FAdeA una copia impresa de un correo electrónico del año 2020. Nadie lo buscaba: apareció.
Ese hallazgo, tres años después de escrito, terminó destapando un mecanismo de corrupción que involucraba a proveedores extranjeros, transferencias por Western Union y funcionarios del área de Compras de la fábrica estatal de aviones.
El documento fue la pieza que desencadenó auditorías internas en la empresa. A partir de ahí, la investigación derivó en el secuestro de equipos informáticos, un paso que permitió reconstruir el circuito de comunicaciones entre los proveedores y el sector de licitaciones.
El resultado, dos años después: el Juzgado Federal de Córdoba 2, a cargo del juez Alejandro Sánchez Freytes, dictó el procesamiento de tres empleados de la Fábrica Argentina de Aviones «Brigadier San Martín» S.A. (FAdeA). Los acusados son Gustavo Luis Alonso Ferrero, María Carolina Villarruel y César Augusto Francés.
Los tres enfrentan cargos por cohecho pasivo. Alonso Ferrero y Villarruel también fueron procesados por violación de secretos, en concurso real con el delito de recepción de coimas.
El correo hallado en el sindicato
La causa se originó por una denuncia de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia de la Nación. El expediente tomó impulso recién en octubre de 2023, a partir de un hallazgo fortuito.
Alerta en FAdeA: los empleados cobraron el 60% del sueldo y paran la fábrica
El Secretario General del Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos, Marcelo Alejandro Bertorello, encontró en la sede gremial dentro de FAdeA una copia impresa de un correo electrónico del año 2020.
Ese documento fue la pieza que desencadenó auditorías internas en la empresa estatal. A partir de ahí, la investigación derivó en el secuestro de equipos informáticos, un paso que permitió reconstruir el circuito de comunicaciones entre los proveedores y el área de Compras.
El contenido del correo de K1 Technologies
Entre la documentación que la causa reconstruye figura un correo electrónico enviado el 13 de marzo de 2020 por Fernando De Souza Rossi, entonces gerente de Ventas para América Latina de la firma estadounidense K1 Technologies Inc., proveedora de insumos de defensa.
El mensaje estaba dirigido a Gustavo Luis Alonso Ferrero y contenía una propuesta explícita: un pago a cambio de que el empleado de FAdeA enviara las cotizaciones de la competencia y revelara el «precio objetivo», es decir, el valor máximo que la empresa estatal estaba dispuesta a pagar en cada compra.
En ese mismo correo, De Souza Rossi detalló un esquema de comisiones con dos escalas: 1% para pedidos de hasta 50.000 dólares y 2% para montos superiores. Para instrumentar el pago, propuso un método concreto de transferencia. Según consta en el texto del correo, el ejecutivo argumentó que el envío a través de Western Union «no deja rastro».
Ese correo, incorporado como prueba documental, es uno de los elementos centrales que sostienen el procesamiento de Alonso Ferrero por hechos de cohecho pasivo y violación de secretos.
Las transferencias por Western Union
La investigación acreditó que Alonso Ferrero, analista de Compras de FAdeA, cobró entre 2020 y 2023 un total de 20 transferencias internacionales enviadas desde Denver, Colorado, por Michelle Gorman, CEO de K1 Technologies. La suma acumulada asciende a 12.000 dólares.
En el mismo esquema, la compradora María Carolina Villarruel recibió una transferencia de 550 dólares de parte de Gorman, en julio de 2021.
El esquema con el Laboratorio Integral Aeronáutico
Un segundo grupo de hechos tiene como protagonista a César Augusto Francés, jefe del Área de Compras Productivas de FAdeA. En este caso, la empresa proveedora involucrada es Laboratorio Integral Aeronáutico S.R.L.
Según la causa, Francés recibió al menos seis transferencias de dinero de los gerentes de esa firma, Román Ezequiel Balo y Javier Carlos Pelagaggi, por un total de 252.271 pesos entre 2020 y 2021.
Las remesas fueron enviadas desde Morón, provincia de Buenos Aires, y retiradas por Francés en sucursales de Western Union ubicadas cerca de su domicilio, en la ciudad de Córdoba.
Proveedores sin cargos penales
Un dato particular de la resolución judicial es que los ejecutivos que pagaron las coimas (Gorman, De Souza Rossi, Balo y Pelagaggi) ya no enfrentan cargos penales. La acción en su contra se extinguió después de que la Justicia homologara propuestas de reparación integral del daño.
El juez Sánchez Freytes aclaró, sin embargo, que ese acuerdo no implica la inexistencia de los hechos. Las transferencias documentadas mantienen plena validez como prueba de cargo contra los exfuncionarios de FAdeA.
Lo que dijeron los acusados
Los tres imputados tuvieron reacciones distintas al ser indagados por la Justicia. Alonso Ferrero negó los hechos de manera genérica, pero se abstuvo de declarar y no respondió preguntas. Según consta en la causa, en una investigación administrativa previa realizada por FAdeA había negado haber recibido cualquier propuesta económica de parte de K1 Technologies.
Villarruel también optó por el silencio y se abstuvo de declarar ante el juez. Francés fue el único que prestó una declaración activa. Negó categóricamente haber cobrado coimas y sostuvo que las compras al Laboratorio Integral Aeronáutico se debían a que la firma era, según su descargo, un proveedor con «exclusividad o único referente».
El exfuncionario argumentó que la empresa contaba con habilitaciones técnicas exclusivas reguladas por la ANAC en el ámbito civil y por la DIGAMC en el ámbito militar, y que todos los procesos de compra habían contado con auditorías internas y externas.
El juez Sánchez Freytes, sin embargo, consideró que esa postura defensiva «no aparece sincera», al no poder Francés dar una explicación lícita sobre el origen de las seis transferencias que recibió de los gerentes del proveedor.
Para la Justicia, el carácter de «funcionarios públicos» de los tres imputados quedó acreditado en el marco de convenios internacionales contra la corrupción, dado que FAdeA es una sociedad de capital mayoritariamente estatal.
Alonso Ferrero fue procesado por 20 hechos de cohecho pasivo y violación de secretos, con un embargo de 20.000.000 de pesos. Villarruel fue procesada por un hecho, con embargo de 2.000.000 de pesos, y Francés por seis hechos, con embargo de 1.000.000 de pesos.
A los tres se les mantuvo además la inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país, medidas dispuestas para asegurar su sujeción al proceso.
La causa avanza ahora hacia la etapa de juicio oral, donde deberá definirse la responsabilidad penal de los tres exempleados de la fábrica estatal de aviones.
