La investigación judicial por presuntas torturas, tormentos físicos y abusos sexuales contra cinco mujeres detenidas en la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena dio un giro clave este martes, con la detención de 15 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), entre los que se encuentran altos mandos como la jefa de vigilancia y tratamiento, la subjefa y la jefa de requisa.
A cargo del juez Juan Pablo Masi, el Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata ordenó las medidas a partir de una investigación que comenzó en junio, luego de una denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Según fuentes oficiales, el objetivo de las detenciones es asegurar pruebas y poner a disposición de la Justicia a los agentes que podrían estar involucrados.
De momento, entre los detenidos hay siete hombres y ocho mujeres. Según trascendió, forman parte del grupo arrestado autoridades que ocupaban cargos relevantes dentro de la Unidad 51.
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Los hechos investigados ocurrieron entre la noche del 3 de junio y la madrugada del 4 de junio, después de una pelea entre dos internas en uno de los pabellones de la unidad. Después del altercado, personal penitenciario y efectivos del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE) irrumpieron en el sector utilizando gas pimienta en espacios cerrados y bloqueando las salidas.
A partir de allí, según los estremecedores testimonios de las internas incorporados al expediente, fueron obligadas a desnudarse frente a agentes hombres y que, ante su resistencia, fueron retiradas por la fuerza.
Describieron golpes, amenazas, arrastres, esposamientos y distintas formas de asfixia. Una de las denunciantes aseguró que le sumergieron la cabeza en un recipiente con agua, en una práctica conocida como “submarino húmedo”, mientras otra relató que permaneció inmovilizada sobre un colchón impregnado con gas pimienta
Uno de los testimonios que forman parte del expediente describe una situación de particular gravedad. Una de las mujeres denunció que una autoridad penitenciaria la obligó a besar sus botas mientras era sometida a una práctica de asfixia. La misma interna denunció además haber sufrido abuso sexual durante el procedimiento.
La investigación también contempla las denuncias de al menos dos mujeres que habrían sido víctimas de abusos sexuales con acceso carnal en otro sector del establecimiento, aunque la causa se inició a partir de los testimonios de cinco detenidas que denunciaron distintos episodios de violencia.
Además describieron haber permanecido durante períodos prolongados en ropa interior, sin agua ni alimentos, y una de ellas aseguró que estuvo esposada de manos y pies mientras tenía dificultades para respirar como consecuencia de la exposición al gas pimienta.
Otra denuncia contra el Servicio Penitenciario Bonaerense en Florencio Varela
Las detenciones en Magdalena se produjeron de manera paralela a otra denuncia de extrema gravedad institucional radicada en la Unidad N° 31 de Florencio Varela. En ese penal, un grupo de reclusos presentó una acción de hábeas corpus colectivo contra 16 exmiembros de fuerzas de seguridad alojados allí, conocidos internamente como «La Comitiva», y cinco funcionarios del SPB.
Esta presentación denuncia un presunto esquema de narcotráfico, extorsión, reducción a la servidumbre, torturas, tratos degradantes y usurpación de funciones estatales. Se concentra en el Pabellón 1, donde están alojados los exintegrantes de fuerzas de seguridad.
La presentación judicial advierte también sobre la existencia de un «cogobierno carcelario mafioso» que operaría mediante el control ilegal de los candados («engome»), extorsiones a los internos por el servicio de internet satelital, falsificación de traslados judiciales y tráfico de estupefacientes con la presunta complicidad de las autoridades carcelarias.
Los denunciantes aseguran que el grupo cobraría entre $30.000 y $40.000 por interno por el uso de conexiones de Starlink y que quienes no pudieran o no quisieran pagar sufrirían represalias. A esto se suma la acusación por una supuesta comercialización de drogas dentro del penal y por el manejo irregular de mercadería que reciben los detenidos a través de sus familiares.
Además de ello, otro de los aspectos denunciados en Florencio Varela es la presunta utilización de oficinas y recursos oficiales para confeccionar documentación falsa. Según la presentación, un interno tendría acceso a dependencias administrativas, computadoras y sellos oficiales y podría intervenir en la elaboración de supuestos avales de traslado destinados a perjudicar a otros presos.
MV/ML
