El Reino Unido endurecerá las reglas de la pornografía en Internet. A partir del 6 de noviembre, será ilegal en Inglaterra y Gales poseer o difundir contenidos sexuales que representen estrangulamientos , asfixia , relaciones incestuosas o adultos que interpreten el papel de menores de 16 años , con penas de hasta cinco años de prisión para quienes los publiquen o distribuyan.
Su prohibición no se limitará a quienes producen o comparten esas imágenes. También alcanzará a quienes las tengan guardadas en sus teléfonos celulares, computadoras o servicios de almacenamiento en la nube.
Alex Davies-Jones , ministro de Justicia, afirmó que la reforma no busca » criminalizar preferencias sexuales inofensivas «. Sin embargo, advirtió sobre el efecto que pueden tener esos contenidos: » la pornografía puede influir en la percepción que la gente tiene de una relación sana, especialmente los jóvenes» , sostuvo.
Tampoco queda al margen el material que » normaliza, o incluso glorifica » la violencia contra las mujeres puede desdibujar los límites entre lo que se presenta como una fantasía y lo que resulta aceptable en una relación real. Su mensaje para quienes tengan esos archivos fue: » Si tienes este material, bórralo. Si lo estás compartiendo, deja de hacerlo «.
Esta medida es consecuencia de una revisión independiente sobre la regulación de la pornografía, publicada en 2025 y encargada durante el Gobierno del ex primer ministro conservador Rishi Sunak . La investigación fue dirigida por la baronesa Gabby Bertin .
El informe calificó esas representaciones como » abundantes » y alertó sobre su posible influencia en las conductas de los jóvenes. Entre los testimonios recogidos figuraba el de un chico de 14 años que le preguntó a un docente cómo estrangular a las chicas durante las relaciones sexuales.
Situación en la que Bertin demostró que la entrada en vigor de la ley llega «en el momento justo» . En declaraciones a la agencia Press Association , sostuvo que el cambio enviará » una señal inequívoca» a las empresas que alojan y facilitan la circulación de pornografía, pero también al conjunto de la sociedad.
Además, la baronesa fue más allá y planteó que «el contenido extremo y violento que incita a causar daño en la vida real no es aceptable».
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La preocupación surgió en Inglaterra y Gales, la estrangulación no mortal ya constituye un delito cuando se realiza sin consentimiento. Sin embargo, la representación de esa conducta en contenidos pornográficos no estaba alcanzada de la misma manera por la legislación.
Qué contenidos estarán prohibidos y cuáles serán las penas
La legislación establece distintas sanciones según el material y la conducta. Quienes publiquen, distribuyan o pongan contenidos esos a disposición de otras personas podrán recibir hasta cinco años de prisión. Para la posesión, las penas máximas serán menores, aunque también contemplan consecuencias penales.
Hasta dos años de prisión para quienes posean imágenes pornográficas que representan estrangulamientos, asfixia o determinadas prácticas sexuales con penetración entre familiares.
Hasta tres años de prisión para quienes tengan material que represente actividad sexual en la que un adulto simule ser menor de 16 años.
Hasta cinco años de prisión para quienes publiquen o distribuyan contenidos comprendidos en las nuevas categorías.
La norma también contempla determinadas representaciones sexuales entre familiares adoptivos o de acogida cuando alguno de los participantes interpreta el papel de una persona menor de 18 años.
Qué deben hacer las plataformas digitales
Los contenidos comprendidos en la prohibición pasarán a integrar la categoría de delitos prioritarios contemplada en la Ley de Seguridad en Internet de 2023 (Online Safety Act). Esto implica que las plataformas alcanzadas deberán adoptar medidas preventivas para reducir la exposición de sus usuarios a ese material y retirarlo cuando corresponda.
El organismo regulador británico de las comunicaciones, Ofcom , podrá imponer sanciones de hasta 18 millones de libras o el 10% de la facturación mundial correspondiente a una compañía, según cuál sea la cifra más alta, cuando incumpla sus obligaciones.
Además, el Gobierno deberá presentar ante el Parlamento una revisión sobre el papel de las plataformas en la verificación de la edad y del consentimiento de las personas que aparecen en contenidos pornográficos.
MV
