En la primera reacción británica a los anuncios del gobierno argentino sobre la sanción a empresas que operen en negocios vinculadas a las Islas Malvinas, el Gobierno laborista publicó un documento para defender la política pesquera y también la explotación petrolera que se podría concretar en los próximos años. También en esa misma guía recalcó que Argentina “no tiene jurisdicción” sobre ninguna de esas empresas y les ofreció un respaldo absoluto para continuar con sus negocios en esa zona.
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