“En el promedio, se ahogan los enanos”, es una frase que recorre los pasillos de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde cada día se reduce el margen para considerar que las políticas y los agravios del Gobierno contra la industria se producen por desinformación más que por decisión ideológica. Como “la realidad te alcanza”, como solía decir otro líder fabril durante el denominado “industricidio” de la gestión de Cambiemos, en este 2026 será récord histórico el cierre de pymes formales, con caída del empleo registrado, ante una frenética suba de concurso de acreedores y quiebras que confirma que el “éxito” de la estabilidad macro y la suba de la actividad económica representa solo una porción menor y logra que el promedio sea solo estadístico.
Solo hasta junio de este año se presentaron 132 empresas formalmente constituidas para informar su proceso de quiebra inminente si es que la realidad productiva no cambia. El número impacta en su comparación histórica: según datos oficiales de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en la Ciudad de Buenos Aires se concursaron 190 pymes durante todo 2025, lo que significa que en la mitad de tiempo ya se alcanzó casi el 70% de un umbral que superó sin precedentes otras crisis industriales, como en 2020 –año del pico de la pandemia–, cuando solo llegaron a esta instancia de confesión judicial de ruptura de la cadena de pagos 106 empresas.
Este dato fue confirmado por el titular del Departamento Tributario de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Germán Pizzano, quien relevó la crisis de las fábricas en términos legales. A su vez, distintas entidades empresarias confirmaron a PERFIL que la crisis, además de haber cruzado hitos históricos, se proyecta aún peor: se estima el cierre de 3 mil industrias registradas para todo este año, sumadas a los emprendimientos informales; una virtual ruptura de la cadena de pagos por el estiramiento de hasta medio año para cobrar a contratemporada, con la alta posibilidad de una cesación de pagos por quiebra; y una presión impositiva feroz que no contempla alivios ante la necesidad del fisco de sostener una recaudación en picada por la caída del consumo.
Frente a este escenario, la necesidad de una respuesta institucional e incluso judicial se vuelve imperativa. Para Pizzano, la coyuntura económica generó un empobrecimiento social y “un estado de cesación de pagos socialmente instalado” en el universo pyme. Advirtió que, para evitar la quiebra y el remate de bienes, se requiere el dictado urgente de una normativa transitoria. “El empresario pyme necesita tiempo para recuperar un capital de trabajo positivo y la única forma de conseguir ese tiempo valiosísimo es una legislación de Emergencia”, sentenció el especialista, alertando que la inacción agravará la crisis por la enorme pérdida que significa el capital hundido en maquinarias que dejan de operar.
El ahogo fiscal aceleró los tiempos del colapso. Un importante referente industrial de Santa Fe, otro de los epicentros fabriles, graficó la asfixia cotidiana: “Aproximadamente el 70% de las pymes de la región hace varios meses que no llega al punto de equilibrio”. En estricto off the record, advirtió que la cadena de pagos, si bien no está formalmente rota, “se está aletargando mucho, con plazos de más de 120 días”, lo que dispara los costos financieros en un contexto donde, además, “está difícil obtener los cheques”.
A esta parálisis del mercado se le suma una presión impositiva que los empresarios locales describen como “voraz”. El dirigente santafesino reveló que tiene conocimiento de que la orden que reciben las delegaciones de ARCA es clara: “Hay que recaudar, no importa la situación”. Esta intransigencia provoca que a los 60 días de mora se activen ejecuciones fiscales sin contemplaciones. “Hacen el blanqueo más grande sin importar de dónde viene la plata y a pymes de 30 o 50 años con aporte las ejecutan a 60 días”, lamentó el industrial.
Esta preocupación tributaria se cristaliza a nivel nacional en la voz de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Vicente Lourenzo, coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de la entidad, confirmó que las ejecuciones y embargos de ARCA se han convertido en el “problema número uno de las pymes”. Con la fuerte caída de las ventas, las empresas no logran cubrir los impuestos corrientes y los planes de pago; al caerse estas facilidades, la deuda se retrotrae a “montos siderales imposibles de afrontar”, desatando los embargos.
Ante este cuadro –signado por un aumento interanual del 25% en el rechazo de cheques sin fondos–, CAME envió una carta a los presidentes de bloque del Congreso reclamando sumar un capítulo a la Ley de Inocencia Fiscal para suspender temporalmente las ejecuciones. Allí exigen “crear un régimen de facilidades de hasta 48 cuotas, con condonación del 50% de los intereses devengados” y una tasa de financiación del 50% de la tasa pasiva del Banco Nación.
El sector textil es, quizás, el caso testigo más dramático del industricidio en curso, que ya superó al macrista. Un importante dirigente fabril aseguró –en estricta reserva de su identidad– que la actual avalancha de quiebras marca un “récord absoluto”, superando “amplísimamente la pandemia, el 2001 y la década de los 90”. A diferencia del parate por el Covid-19, que golpeó mayormente a pequeños talleres informales por problemas de habilitación, hoy la destrucción castiga de lleno al corazón formal de la industria. “Lo mejor del sector son los que peor están. El que tiene mejor tecnología, el que tiene más gente capacitada, el que tiene más trayectoria. Todos esos son los que peor están”, alertó la fuente.
Esta ruptura del tejido productivo arrastra de forma inexorable a la cadena de pagos. El empresario detalló que los plazos de cobro en indumentaria se han extendido hasta los 180 días, una condena en un país con inflación. “Cobrás a contratemporada: estás cobrando la temporada de verano en el invierno y la del invierno en el verano. No tenés cómo ni siquiera reponer el capital de trabajo”, explicó. Como agravante letal, reapareció la morosidad y un viejo fantasma: el cheque rebotado. “Clientes históricos te dicen: ‘no deposites el cheque porque te viene para atrás’”, graficó con crudeza.
Las pymes, catalogadas hoy como “la mancha venenosa” en el sistema bancario, quedan marginadas del crédito e imposibilitadas de cubrir descubiertos cuando un cheque descontado viene sin fondos. Según datos que circulan entre colegas del rubro, ya se perdieron cerca de 800 empresas formales y unos 25.000 puestos de trabajo registrados, una cifra que podría arañar los 100.000 si se dimensiona la informalidad.
En este clima terminal, la indignación con la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda es absoluta tras los recientes agravios públicos. “Que te llamen tarado no ayuda mucho, y nos parece una falta de respeto para con millones de personas que viven de la industria”, disparó el directivo, quien recordó con ironía estadística que el responsable actual de la economía acumula, entre su paso por la gestión de Mauricio Macri y la actual, un derrumbe industrial del 23%.
La radiografía que convalida el pánico fabril quedó plasmada en el último informe de la Fundación ProTejer. El documento confirmó que la industria textil operó en mayo de 2026 con más de seis de cada diez máquinas apagadas. La producción se desplomó un 26,2% interanual en ese mes, configurando un escenario donde el mercado interno –históricamente abastecido en partes iguales por bienes locales e importados– hoy está capturado en un 70% por las importaciones. Las planillas oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo avalan el desangre: entre diciembre de 2023 y abril de 2026, la cadena textil, indumentaria y calzado perdió 942 establecimientos y lideró el ranking de despidos relativos de la economía con un colapso del 21% de su plantilla laboral.
Para dimensionar la velocidad real y la profundidad del daño, el economista Diego Coatz, al frente de la consultora I+D, elaboró un relevamiento que anticipa un cierre masivo de fábricas debido a la parálisis. En diálogo con PERFIL, el ex UIA detalló que siete de las doce principales cadenas operan con cerca de un 40% de capacidad ociosa y advirtió que el sector productivo atraviesa “un proceso de destrucción regresiva del entramado productivo, con menos empresas, menor capacidad de inversión y mayor pérdida de empleo y conocimiento industrial”.
Según las proyecciones de su consultora, el año 2026 culminará con la pérdida de unas 3.070 empresas industriales y la destrucción de 105.000 puestos de trabajo directos e indirectos. “La capacidad ociosa prolongada deja de ser solamente un indicador de actividad: comienza a traducirse en pérdida de empresas, proveedores, empleo y conocimiento industrial difícil de recuperar”, sentenció el analista a este medio.
La consolidación de la tragedia pyme se explica desde el argumento social y la crisis de consumo, eje central abordado por el último informe de la Fundación Encuentro. El reporte detalló que, en el primer trimestre de 2026, el ingreso promedio de los hogares a nivel país se ubicó en $2.800.000 mensuales netos. Sin embargo, esta cifra esconde una profunda desigualdad estructural: el 78% de los hogares argentinos percibe menos que esa media nacional y se ubica entre la clase media baja y la clase baja. Aún más alarmante resulta que un 21% de esos hogares se encuentra directamente por debajo de la línea de pobreza estimada.
El documento sostuvo que esta concentración de ingresos por debajo del promedio es la razón fundamental por la cual el consumo masivo sigue deprimido, a pesar de las recientes mejoras macroeconómicas. La recuperación salarial aún no alcanza para devolver el poder de compra previo a la crisis a ese 78% de la población que concentra, precisamente, la mayor propensión al consumo y de quien depende, en última instancia, el repunte definitivo del mercado interno.
