El pedido del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, para que la Provincia asuma controles de tránsito en la ciudad de Córdoba durante la visita del papa León XIV abrió un nuevo frente de tensión entre el gobierno de Martín Llaryora y la oposición halcón. El planteo, presentado como parte del operativo de seguridad del 10 de noviembre, desató una fuerte reacción de juecistas y radicales, quienes cuestionaron que la Policía provincial intervenga en una función municipal y hablaron de una posible “intervención” sobre la Capital.
La discusión excede el operativo papal. El punto de fondo es institucional, pero se mezcla con la crítica opositora por la inseguridad en un contexto marcado además por el conflicto de los “zorros grises” y las dificultades de la gestión de Passerini para sostener los controles de tránsito.
“Quinteros expuso de la peor manera a Passerini, admitiendo que no tiene la capacidad para resolver un problema gremial. Y vuelve a poner a la Policía en una actividad que no le corresponde. Eso se llama improvisación”, lanzó Walter Nostrala, jefe de la bancada juecista en la Unicameral.
El ultrajuecista cuestionó que los efectivos sean destinados a tareas de tránsito y defendió una delimitación estricta de funciones: “La Policía debe dedicarse exclusivamente a la seguridad de los cordobeses, que la realidad nos muestra que está pésimamente mal. Le falta el respeto a nuestros policías y a los cordobeses”.
Al redoblar su embate, el halcón opositor también vinculó el conflicto con la capacidad del municipio para garantizar servicios y apuntó duro contra el PJ en la administración local. «(El ministro Daniel) Pastore reconoció públicamente que en la gestión de (Martín) Llaryora en la Municipalidad crearon una estructura paralela para hacerla funcionar. Designaron 14 mil agentes aparte de los 12 mil de planta», fustigó.
“Si no podés resolver un conflicto puntual con tus trabajadores, menos vas a resolver el transporte, la salud, la limpieza en la ciudad. Así está Córdoba”, disparó Nostrala.
Intervención
En la misma línea, el concejal Martín Juez (Frente Cívico) sumó a la discusión el plano constitucional. Sostuvo que el desembarco provincial sobre el tránsito constituye “indirectamente, una intervención en los asuntos indelegables y en las competencias de la Municipalidad de Córdoba”, en referencia al artículo 13 de la Constitución provincial.
Para el juecismo, no se trata solamente de quién ordenará el tránsito durante la visita papal, sino de qué nivel del Estado está habilitado para ejercer esa función dentro de la Capital.
En este contexto, el edil opositor cuestionó a la gestión local por la Guardia Urbana que luce, según Juez, «totalmente degradada». «Ahora resulta que esa estructura monstruosa que los cordobeses pagan con sus impuestos no basta para ordenar el tránsito. ¿O será que el ministro Quinteros quiere quedarse con la cajita de las multas y llevársela para su corral?», disparó el integrante de la bancada juecista en el Concejo Deliberante.
El concejal del Frente Cívico intensificó su embestida con una advertencia que conecta el conflicto institucional con la disputa electoral. “En cualquier lugar serio, todas estas intervenciones —ministros, cajas, obras públicas intervenidas— sumadas a la ausencia y al abandono total del intendente, serían motivos suficientes para adelantar las elecciones y elegir a un nuevo intendente que sí se quiera hacer cargo de los problemas de los cordobeses”, vapuleó, y cerró: “En fin, en 2027 se tienen que ir y se van a ir”.
La UCR lo lee en clave 2027
Desde la UCR, Matías Gvozdenovich puso el foco en otro aspecto de la áspera disputa con el poder llaryorista: las aspiraciones políticas de Quinteros y su eventual posicionamiento para la intendencia. “No lo entiendo a Quinteros. Tuvo cuatro asesinatos en Río Cuarto en los últimos días, con una escalada de violencia pocas veces vista en la provincia, pero él está preocupado solo por la visita del Papa León XIV y por poner a la Policía a hacer controles de tránsito en la ciudad de Córdoba”, expresó.
Al subir el tono de su crítica, el titular de la bancada radical lanzó: “No puedo entender que sus ambiciones personales por ser intendente de la Capital estén por encima de la vida de los vecinos”. De este modo, el halcón boina blanca le reclamó concentrarse en su función como ministro: “Por favor, Juan Pablo, acomodate bien la chomba y hacele honor al título que te pusiste en el pecho y, como ministro, cuidanos a todos”.
Tras renovar su reclamo para modificar la ley de seguridad pública, el ahora también presidente de la UCR de Córdoba sumó a su embestida una definición que vuelve a llevar la discusión al plano provincial: “Córdoba no termina en la Circunvalación ni la visita del Papa le va a devolver la vida a los cordobeses”.
Policías inspectores de tránsito: qué piensan Passerini y Quinteros para la ciudad
Política de seguridad
Por su parte, Quinteros reivindicó su política de seguridad y encuadró su accionar en la ciudad dentro de las responsabilidades que le fueron asignadas por el gobernador. “Orden. Sin orden no hay progreso”, planteó el ministro en las últimas horas con motivo del combate a “naranjitas” y limpiavidrios ilegales, y las infracciones de tránsito.
“Actuamos frente a los naranjitas que se adueñan de una cuadra y los limpiavidrios que intimidan. Por eso trabajamos para ordenar el tránsito y hacer respetar sus normas. La calle es de todos. Nadie tiene derecho a imponer sus propias reglas”, aseguró el funcionario provincial.
Ante las acusaciones de posicionamiento electoral, fue categórico: “Soy ministro de Seguridad. Esa es la responsabilidad que me encomendó el gobernador Martín Llaryora y la voy a honrar con toda mi fuerza». «No pienso distraerme ni un segundo en ningún otro objetivo que trabajar por la seguridad y el bienestar de los cordobeses”, agregó.
El ministro viene, además, de participar junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, de una nueva reunión de coordinación del operativo por la visita de León XIV, donde se presentó el esquema integral de seguridad para el 10 de noviembre. “Córdoba va a estar a la altura. La seguridad es la condición esencial para que el 10 de noviembre vivamos un día de encuentro”, concluyó Quinteros.
En medio del fuego cruzado de la política, el operativo papal disparó una discusión de mayor alcance. El conflicto por el tránsito puso nuevamente en tensión los límites entre Provincia y Municipalidad y abrió una disputa política sobre quién tiene la capacidad —y la autoridad— para ordenar la Capital. En segundo plano, aparece la carrera de 2027, que empieza a atravesar cada movimiento de los protagonistas.
