En un juicio abreviado cuatro de los 11 acusados confesaron integrar una asociación ilícita dedicada al robo sistemático y violento de vehículos en la zona norte de la ciudad de Córdoba. Es un caso testigo, fue el primero en el que se aplicó esa figura delictiva a una banda dedicada a robar.
El acuerdo entre la fiscalía y las defensas, centró las sanciones en dos de los mayores de edad con roles activos en los asaltos. Leandro Damián Corzo (19) fue condenado a ocho años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo como coautor de asociación ilícita y de cinco robos calificados por el uso de arma de fuego y por ser cometidos en banda y en poblado. Kevin Michael Yair Heredia (21) recibió una pena de seis años y 4 meses de prisión efectiva, como miembro de la banda y por su participación en tres asaltos violentos bajo la misma modalidad. El acuerdo fue homologado por el juez Pablo Agustín Cafferata.
Por su parte, el tribunal declaró la responsabilidad penal de dos adolescentes de 17 años al momento de los hechos. Al tratarse de menores no punibles, el expediente será remitido al fuero penal juvenil, donde se determinará la sanción correspondiente tras completar el tratamiento tutelar previsto por la ley.
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El modus operandi: una cacería nocturna coordinada
La investigación, que reunió una serie de causas iniciadas entre enero y marzo de 2025, permitió desarticular una estructura de al menos 11 personas que operaba con una logística aceitada. Según el requerimiento de elevación a juicio, la banda no actuaba al azar, sino que realizaba una maquinación y planificación previa.
La organización atacaba siempre de noche, en una franja horaria de entre las 22:45 y la 1:00 am, centrando su radio de acción en barrios como Los Boulevares, Poeta Lugones, Jardín Claret, Alto Verde y Villa Allende.
La mecánica de los robos era la siguiente: se conducían en grupos de entre cuatro y seis sujetos a bordo de dos o tres motocicletas. Al divisar a una víctima, generalmente conductores de motos o autos que transitaban en soledad, aplicaban una técnica de cerrojo: una moto se cruzaba al frente para frenar la marcha, mientras las otras dos la acorralaban por los costados y por detrás. Inmediatamente, los acompañantes descendían empuñando armas de fuego para amenazar a las víctimas, a quienes en muchos casos golpeaban o tironeaban para sustraerles el vehículo, celulares, cascos y dinero.
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Había proveedores y reducidores
La fiscalía acreditó que la banda funcionaba como una empresa delictiva con división de roles. Mientras Corzo, Heredia, Rojas y Márquez eran los encargados de obtener el «stock» mediante los asaltos callejeros, otros integrantes se encargaban de la cadena clandestina de comercialización.
El peritaje de los teléfonos secuestrados reveló una red de comunicaciones constante donde se organizaban para «salir a hacer plata» y se enviaban fotografías de los bienes recién robados para ofrecerlos a reducidores. En los dispositivos se hallaron imágenes de armas de fuego de grueso calibre, fajos de billetes y vehículos desarmados para ser vendidos como «ponchos» (repuestos de origen ilícito para motos legales).
Los fundamentos del fiscal: avidez y peligrosidad social
En sus alegatos en la audiencia del abreviado, el fiscal Juan Pablo Klinger destacó la gravedad de la conducta de los imputados, señalando que actuaron movidos por una «avidez desmesurada por obtener dinero de modo ilegítimo». En el caso de Corzo y Heredia, el fiscal remarcó que ambos contaban con un hogar, alimento y posibilidades de trabajo formal que desaprovecharon, eligiendo «el camino más fácil de la senda delictiva».
También se valoró como agravante el uso de la modalidad «motochorros», alegando que el actuar plural y motorizado les aportaba un poder intimidatorio superior y garantizaba una huida veloz, aumentando la vulnerabilidad de las víctimas y el temor de la comunidad.
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Un caso con implicancias institucionales
El caso se instaló en la agenda de debate público no solo por la modalidad delictiva sino por una mención irónica que hizo el fiscal general adjunto, Alejandro Pérez Moreno, durante una charla académica en la Facultad de Derecho de la UNC en junio del año pasado.
Crítico de la aplicación de la figura de asociación ilícita -que él considera desmesurada- aludió tangencialmente a la investigación que por entonces estaba en desarrollo. Ante un auditorio dijo que se llegó al “absurdo” de considerar que “10 muchachitos” que salen a robar en moto pueden ser considerados miembros de una asociación ilícita y recibir penas como si fueran una banda peligrosa.
Por esa declaración reaccionaron los fiscales Klinger y Enrique Gavier -de Delitos Complejos- quienes advirtieron que un superior jerárquico se inmiscuía en sus expedientes. Ambos fueron respaldados por en aquel momento por la Asociación de Magistrados.
En apoyo a Pérez Moreno, saltó la asociación de abogados penalistas.
