Buenos Aires, 30 de octubre (NA) – El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó este jueves una reforma del Estatuto del Personal que establece que ahora para entrar y continuar en la Municipalidad se van a pedir antecedentes penales, entre otros requisitos.
El proyecto fue impulsado por el intendente Daniel Passerini luego de que trascendiera el caso de Claudio Barrelier, quien está acusado del femicidio de Agostina Vega, entre otros delitos, y que, pese a alertas internas y un pedido para desafectarlo de la Municipalidad, continuó trabajando.
Este jueves, luego de la presentación del proyecto, casi de manera unánime se aprobó la modificación de la ordenanza 7244. El dictamen solo tuvo el voto negativo de la concejala de izquierda Cintia Frencia.
Además de los requisitos de presentación de certificados de antecedentes, se contempla la obligación de que los empleados comuniquen imputaciones o acciones penales en su contra por hechos dolosos o culposos para que la autoridad competente determine la incidencia en las funciones del agente o en el normal funcionamiento del servicio para decidir si corresponde la iniciación de un sumario u otras medidas sancionatorias.
El concejal Nicolás Piloni se refirió a este asunto expresando su agradecimiento al resto de los concejales que se sumaron al proyecto, al que consideran de suma importancia “a la hora de elevar la vara en el nivel de integridad pública para el ingreso y permanencia en la administración pública municipal”.
Se pusieron en conocimiento del Concejo algunas modificaciones respecto de lo que establece el estatuto actual, como las referidas al artículo N°12, que establece cuáles son los requisitos que se deben cumplir para acceder a la planta permanente, y al artículo siguiente, referido a la planta transitoria no permanente del personal contratado.
“Esta modificación deja en claro en su inciso que a partir de ahora se solicitará el certificado de antecedentes penales y contravencionales emitido por la Policía de la provincia de Córdoba, el certificado de antecedentes nacionales de reincidencia, no estar inscripto en el registro de deudores alimentarios morosos como así también no tener imputaciones por delitos a la integridad sexual”, explicó.
A su vez, expuso que los agentes van a tener el deber de comunicar cuando exista una imputación dolosa o culposa o alguna modificación en su situación procesal, aclarando que el solo hecho de informar una situación no lleva aparejada una sanción.
El concejal Sergio Piguillem manifestó su apoyo a la iniciativa de su bloque, pero mostrando algunas diferencias en su alocución: “Vamos a aprobar el proyecto, pero tenemos que mirar el problema de los Recursos Humanos de manera estructural, si no es un parche en la política de esa área”.
Por su parte, la concejal Frencia mostró su desacuerdo con el proyecto luego de trazar diferentes críticas a las reformas del estatuto. Graciela Villata, concejal y presidente del bloque del Frente Cívico, manifestó su apoyo a la iniciativa, pero pidió que haya mejores controles en la activación de este.
Agencia NA
