Una incursión sincronizada, masiva y de alto impacto. Así fue el despliegue táctico que sacudió la tarde en los puntos más calientes de la Capital Federal. Con un grupo de más de 1.500 efectivos en las calles, el Gobierno porteño ejecutó una redada simultánea en 15 barrios populares que dejó un saldo contundente en apenas un par de horas: 16 delincuentes esposados, armamento incautado, drogas fuera de circulación y 160 vehículos secuestrados.
La maquinaria del megaoperativo, bautizado oficialmente como «Tormenta Negra», se encendió poco después de las seis de la tarde. Los uniformados desembarcaron al mismo tiempo en los pasillos de las villas 31, 1-11-14, 21-24, Ciudad Oculta y el Barrio 20 de Lugano, entre otros 10 asentamientos de la ciudad. La orden bajada desde la cúpula fue clara: saturar el territorio para cortar de cuajo las cadenas delictivas que operan a la sombra.
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El balance del golpe arrojó cifras precisas sobre el perfil de los detenidos. De la totalidad de los capturados, la gran mayoría cayó por vínculos directos con el narcotráfico: 11 por comercialización y tres por tenencia de estupefacientes, mientras que los restantes tenían cuentas pendientes por robos y pedidos de captura. En paralelo, los inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) le pusieron la faja de clausura a nueve de los 30 comercios inspeccionados (entre chatarreras, quioscos y locales de celulares), que funcionaban con graves fallas de seguridad o como fachadas ilegales.
Frente a los resultados, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, bajó un mensaje tajante sobre su modelo de gestión. “Delincuentes, autos y celulares robados, construcciones ilegales, basura en la calle: en nuestra Ciudad eso no va más”, sostuvo. Además, el mandatario remarcó que saldrán a buscar a las mafias «con todo el peso de la ley, que es igual para todos, en la villa o en los barrios», porque su objetivo es que los vecinos, sin importar su nivel social, «puedan vivir bien».
Pero la avanzada no se limitó exclusivamente a perseguir dealers y ladrones. El despliegue incluyó cuadrillas de Espacio Público y Tránsito que barrieron las veredas de chatarra y levantaron autos abandonados que funcionaban como escondites. Al mismo tiempo, se puso la lupa sobre el negocio clandestino de la construcción: los agentes inspeccionaron corralones que proveen materiales sin habilitación, una caja negra que fomenta el hacinamiento y el riesgo de derrumbes.
Este formato de shock no es un experimento aislado. La Ciudad ya había ensayado una jugada calcada en el mes de mayo, cuando desembarcó de la misma manera en los asentamientos para desarmar estructuras irregulares. Aquella vez, la presión estatal se enfocó con fuerza en la Villa 31 de Retiro y en La Carbonilla de Paternal, donde demolieron decenas de edificaciones prohibidas y cortaron el suministro de las lugares que operaban bajo el amparo de la madrugada.
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El mapa general: fronteras blindadas, manteros y propiedades recuperadas
La estrategia de saturación en las villas funciona como una pieza más dentro de un rompecabezas de seguridad mucho más amplio implementado desde fines de 2023. Esta táctica se complementa con los controles fronterizos del «Operativo Muro» en los límites con la provincia de Buenos Aires y los rastrillajes constantes en los grandes centros de trasbordo como Once, Retiro y Constitución. Justamente en este último barrio, la Policía desarticuló semanas atrás una gigantesca red narco, logrando detener a 17 distribuidores y secuestrar casi 9.000 dosis de cocaína y pasta base.
En la misma sintonía de recuperar el espacio público, la administración capitalina aceleró las tareas para asfixiar las economías informales que privatizan las calles. En los últimos meses, el foco estuvo puesto en desterrar a los «trapitos» de los alrededores de los estadios de fútbol y los recitales masivos. Esta política de limpieza urbana ya logró liberar más de 680 cuadras que, hasta hace muy poco, se encontraban completamente loteadas por la venta ilegal de manteros.
Finalmente, el frente más silencioso pero económicamente más pesado de la gestión es la cacería de propiedades usurpadas. Hasta la fecha, el plan oficial consiguió devolverles a sus dueños originales 972 inmuebles que operaban como focos de inseguridad barrial. Según los cálculos oficiales, esas casas recuperadas representan un valor equivalente a 500 millones de dólares, un número que refleja el tamaño del millonario botín que manejaban las mafias antes de ser desalojadas.
TC
