La delegación argentina que llegó a París este lunes para participar del plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) no es una más. Allí, la presencia del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y del juez federal Ariel Lijo en la sede de la OCDE generó un ruido político inevitable, dadas las circunstancias que atraviesa el país: Lijo es, precisamente, el magistrado que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y supuestos vínculos irregulares con proveedores del Estado.
A la espera del veredicto de los evaluadores internacionales, el GAFI se reúne esta semana para analizar si Argentina cumple con los estándares exigidos en materia de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y control judicial.
Dicha comitiva tiene el difícil desafío de explicar por qué, a pesar de las recomendaciones internacionales, el país mantiene condenas por lavado y una investigación que, bajo la lupa del GAFI, es vista con escepticismo.
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Según explicaron desde la comitiva, Lijo no fue invitado por el Gobierno argentino sino por la propia organización internacional en su condición de juez federal. Junto a él y a Mahiques también viajó Juan Tomás Rodríguez Ponte, actual titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y uno de los candidatos que aparecen en las conversaciones para cubrir vacantes en la Justicia Federal.
La reunión del GAFI se desarrolla en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y reúne a representantes de más de 200 jurisdicciones. Allí, Argentina deberá exponer los avances realizados para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras operaciones financieras ilegales.
A este punto, adquiere una relevancia especial porque el país fue sometido a una evaluación integral a fines de 2024 y ahora deberá demostrar el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el organismo internacional.
Dentro de las observaciones realizadas por el GAFI figura la necesidad de fortalecer las investigaciones vinculadas al lavado de activos, especialmente aquellas relacionadas con hechos de corrupción, movimientos financieros informales y operaciones sospechosas en el mercado inmobiliario.
También se señaló la baja cantidad de condenas obtenidas en comparación con los riesgos detectados.
Respecto del financiamiento del terrorismo, reconoció que Argentina cuenta con un marco normativo adecuado, aunque advirtió limitaciones en las investigaciones, escasez de fiscales especializados y una cantidad reducida de condenas.
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