La cuenta regresiva llegó a su fin. Este lunes vence el plazo de dos semanas que el presidente Javier Milei había dado al Reino Unido para que impidiera las actividades vinculadas con la explotación de petróleo en las aguas que rodean a las Islas Malvinas, un reclamo de soberanía que la Argentina sostiene desde 1833 y que atravesó a distintos gobiernos. Como Londres no modificó su posición, la Argentina avanza con el siguiente paso que había anunciado: pedir medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), como parte del procedimiento arbitral iniciado bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Este paso se concretará este lunes en un momento cargado de definiciones, porque corre otra cuenta regresiva: falta un mes para que se reanude la ruta comercial entre la ciudad chilena de Punta Arenas y Puerto Argentino, en las Islas Malvinas. Este recorrido conecta con la disputa por los hidrocarburos que tiene su principal foco en Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las islas. La iniciativa es operada por la israelí Navitas Petroleum, que tiene el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante.
Ambas mantienen sus planes para comenzar la producción de petróleo en 2028, después de iniciar las perforaciones de desarrollo previstas para principios de 2027. La primera etapa apunta a producir hasta 55.000 barriles por día, mientras que las fases posteriores podrían llevar la capacidad hasta 125.000 barriles diarios.
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Samuel Moody, director ejecutivo de Rockhopper, ratificó que el objetivo es alcanzar la primera producción durante 2028 y remarcó que atraviesan “un período decisivo” para el proyecto. Desde el Gobierno argentino cuestionó el avance del proyecto y planteó que las empresas deberán elegir entre “operar ilegalmente en un territorio disputado o hacerlo de manera rentable y segura en Argentina”.
Por su parte, Rockhopper sostiene que Navitas opera con licencias petroleras que considera válidas, otorgadas por el Gobierno de las Islas Malvinas, y calificó las medidas argentinas como “ilegítimas y carentes de justificación jurídica”.
La Consejería Legal de la Cancillería está a cargo del procedimiento, con participación del embajador Mario Oyarzábal, especialista argentino en Derecho Internacional.
El canciller Pablo Quirno explicó que se trata del inicio de un proceso arbitral previsto por la CONVEMAR y remarcó que “Argentina es la primera vez que somete a un tribunal internacional la disputa sobre los hechos unilaterales que está realizando el Reino Unido sobre la explotación de hidrocarburos”.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, no va a decidir quién tiene la soberanía sobre las Islas Malvinas. Sino que el tribunal se ocupa específicamente de cuestiones vinculadas con el Derecho del Mar, a partir de las reglas establecidas por la CONVEMAR.
Esta convención tiene un Anexo VII que permite la conformación del tribunal arbritral pero también establece una intervención previa en el Tribunal Internacional del Derecho al Mar. Está ubicado en la ciudad alemana de Hamburgo y será en esa latitud donde se trasladará la ofensiva diplomática argentina.
