El presidente Javier Milei anunció este jueves que enviará al Congreso un proyecto para endurecer las sanciones contra las empresas que exploten recursos naturales o presten servicios en las Islas Malvinas sin autorización argentina. El anuncio se produjo en el marco de la cadena nacional dedicada a la cuestión Malvinas y quedó vinculado al avance del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.
Sin embargo, la Argentina ya cuenta con un marco legal que sanciona este tipo de actividades. Desde 2011 y 2013 rigen dos leyes que establecen inhabilitaciones para operar en el país, multas económicas, decomisos e incluso penas de prisión para quienes participen en la exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental sin autorización del Estado argentino.
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Qué establece la ley vigente
La Ley 26.659, sancionada en 2011, prohíbe realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización nacional. La norma no solo alcanza a las empresas que extraen petróleo, sino también a accionistas, consultoras, bancos, proveedores, compañías logísticas y cualquier persona física o jurídica que participe de esas operaciones.
Entre las sanciones previstas figuran la inhabilitación para operar en la Argentina por un plazo de entre cinco y 20 años, la pérdida de concesiones hidrocarburíferas, la eliminación de beneficios fiscales y la prohibición de contratar con el Estado nacional, las provincias y los municipios.
Dos años después, la Ley 26.915 incorporó sanciones penales. Quienes ordenen o realicen tareas de exploración sin autorización pueden recibir penas de entre cinco y diez años de prisión, mientras que para los casos de extracción, transporte o almacenamiento ilegal las condenas van de 10 a 15 años.
La legislación también prevé multas calculadas sobre el valor internacional del petróleo, el decomiso de equipos y recursos extraídos y la posibilidad de sancionar penalmente a directores, gerentes, administradores y representantes de las empresas involucradas.
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Los antecedentes
Las compañías que desarrollan el proyecto Sea Lion ya fueron alcanzadas por esas normas. Rockhopper Exploration fue inhabilitada para operar en la Argentina durante 20 años en 2013, mientras que Navitas Petroleum recibió la misma sanción en 2022 por su participación en el desarrollo petrolero frente a las costas de Malvinas.
El proyecto prevé comenzar a producir petróleo en 2028 y es uno de los principales focos de conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por la explotación de recursos naturales en el archipiélago.
Las críticas al anuncio
Tras la cadena nacional, el exsecretario de Malvinas Guillermo Carmona cuestionó el anuncio presidencial al señalar que las actividades de exploración, explotación, financiamiento y asistencia logística ya están alcanzadas por la legislación vigente.
Según el exfuncionario, el desafío no pasa por crear nuevas sanciones, sino por aplicar las herramientas que ya contempla el ordenamiento jurídico argentino y avanzar en las acciones administrativas y penales contra las empresas y sus directivos.
