En el marco de una abierta puja ideológica, el oficialismo en el Congreso nacional finalmente logró anular formalmente el concurso público que había seleccionado a la abogada María Paz Bertero para ocupar la titularidad de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, institución clave en materia de infancia.
Durante la primera reunión de la Comisión Bicameral encargada de definir la conducción de la Defensoría del Niño, La Libertad Avanza (LLA) logró imponer, junto a sectores aliados, la Resolución 1/26 para dejar sin efecto el concurso iniciado en 2025 y abrir una nueva convocatoria bajo otro reglamento. La ofensiva fue encabezada por la presidenta de la comisión, la senadora Vilma Facunda Bedia, el vicepresidente Nicolás Mayoraz y el diputado Santiago Santurio.
La medida provocó el rechazo inmediato de los bloques opositores y de organizaciones civiles, quienes denunciaron una «tropelía legislativa» que debilita institucionalmente al organismo.
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Bertero, especialista en violencia de género y defensora de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, había cosechado el año pasado un amplio consenso político, logrando que la Cámara de Diputados aprobara su postulación con 156 votos afirmativos provenientes de Unión por la Patria, el PRO, la UCR y bloques dialoguistas.
No obstante, su pliego quedó frenado en el Senado y despertó una fuerte resistencia en el ala dura del oficialismo, referenciada en sectores católicos y evangélicos que pretenden impulsar una figura alineada al movimiento del «pañuelo celeste».
El diputado libertario Santiago Santurio expuso esta postura en sus redes al señalar que el funcionario designado «debe defender a todos los niños, incluso los por nacer», catalogando el proceso anterior como «activismo disfrazado».
La justificación formal de LLA fue que el concurso perdió vigencia. Bedia sostuvo que la terna “se encuentra vencida” según el reglamento interno de la comisión y planteó la necesidad de reiniciar todo el proceso “desde cero”.
Mayoraz fue quien desarrolló el argumento técnico del oficialismo. Según explicó, la vigencia del concurso era de 180 días corridos desde septiembre de 2025 y el plazo habría vencido el 22 de marzo de este año. Además, denunció presuntas irregularidades administrativas durante la gestión anterior de la radical Natalia Sarapura: habló de exámenes sin firmas legislativas, errores de puntuación y falta de transparencia en el acceso a evaluaciones.
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Desde la oposición rechazaron esa interpretación y acusaron al oficialismo de intentar voltear una designación ya legitimada políticamente por Diputados. Legisladores de Unión por la Patria recordaron que históricamente la comisión siempre interpretó esos 180 días como hábiles legislativos y no corridos.
El senador peronista Daniel Bensusán sostuvo que una resolución de 2019 ya había fijado ese criterio, mientras que Juliana Di Tullio afirmó que la terna debía ser tratada por el Senado y no anulada mediante una resolución interna. En la misma línea, el jefe del bloque de UxP en Diputados, Germán Martínez, calificó la maniobra como una “tropelía legislativa”.
El control de las comisiones clave
La Libertad Avanza se aseguró las firmas necesarias para firmar la Resolución 1/26 gracias al sorpresivo aval de la senadora del PRO, Victoria Huala, cuyo voto contrastó con el apoyo que su partido le había dado a Bertero en la Cámara Baja meses atrás.
Bertero cuestionó duramente el cambio de criterio. “El único antecedente que existe determinó que los 180 días eran hábiles legislativos. Cambiar ahora las reglas de juego demuestra que el criterio no es técnico sino político”, afirmó.
También denunció “campañas de desprestigio” impulsadas desde sectores oficialistas contra los integrantes de la terna y advirtió que la Defensoría “queda completamente debilitada” en medio de recortes presupuestarios y retrocesos en políticas públicas vinculadas a la infancia.
Desde el colectivo Infancia en Deuda, el abogado Francisco Rodríguez, integrante de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, sostuvo que la anulación genera “un escenario de enorme incertidumbre jurídica e institucional” y cuestionó que las reglas se hayan modificado con el proceso ya avanzado y después de la aprobación de Diputados.
Organizaciones sociales dedicadas a la defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes habían expresado preocupación por la situación cuando se conformó la bicameral, hace menos de dos semanas. En un comunicado conjunto, señalaron que la conformación de la comisión y la decisión de revisar el concurso “ponen en riesgo la prioridad absoluta que deben tener los derechos de las infancias”.
Por su parte, la bancada peronista conducida por José Mayans había catalogado la conformación de la comisión como «antirreglamentaria e ilegal» por no respetar la proporcionalidad de las fuerzas en el Senado, anticipando que judicializarán el procedimiento.
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