Juan Sebastián Verón entró a la cancha desencajado —y con algo de sobreactuación— para increpar al árbitro Darío Herrera. Fue una de las imágenes que dejó la Supercopa Internacional que Rosario Central le ganó 3-1 a Estudiantes de La Plata, el sábado 26 de septiembre en Santiago del Estero, después de un partido atravesado por varias decisiones polémicas. No era, además, un cruce políticamente neutro: Central es presidido por Gonzalo Belloso, cercano al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia; Verón conduce al Pincha y se convirtió en uno de los críticos más perseverantes del “sistema”.
Pero, a esta altura, discutir si Herrera debió cobrar un penal o expulsar a un jugador es quedarse en la superficie. El conflicto hace rato dejó de ser solamente arbitral. La AFA perdió el beneficio de la duda ante una porción cada vez mayor del fútbol argentino y, desde entonces, determinadas decisiones ya no se leen simplemente como errores: cuando favorecen a ciertos clubes, enseguida aparece la sospecha de que detrás hubo algo más que una interpretación equivocada.
Mapa de poder
¿Hay “equipos del poder”? Se sabe que Barracas Central carga con la historia familiar de los Tapia y que Central Córdoba representa a Santiago del Estero, la provincia donde el tesorero afista Pablo Toviggino construyó su poder. Además, Deportivo Riestra está gerenciado por el abogado y empresario Víctor Stinfale, cuya relación con Tapia se consolidó en el pasado gracias a la mediación de Julio Grondona, cuando “Chiqui” necesitaba apoyo económico para Barracas y recurrió al dueño de la marca de bebidas energizantes Speed Unlimited.
Pero Tapia no se sostiene apenas en clubes pequeños o dirigentes del ascenso. En noviembre de 2025, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, reunido bajo la conducción de Tapia, creó el hasta entonces inexistente título de “Campeón de Liga” y se lo adjudicó a Rosario Central con la fase regular ya disputada. La AFA habló de una decisión unánime, aunque Estudiantes aseguró públicamente que no hubo votación. La decisión, tomada además en el año del regreso de Ángel Di María a Central, alimentó todavía más las suspicacias alrededor del club rosarino.
Boca y River también son clásicos rivales en este terreno. Juan Román Riquelme es vicepresidente de la AFA y su club respaldó públicamente a Tapia y Toviggino cuando las investigaciones judiciales comenzaron a cercarlos. No mira el “sistema” desde afuera: forma parte de su estructura política. River, en cambio, tomó distancia. Después de seis meses fuera del Comité Ejecutivo de la entidad, regresó este septiembre con un documento crítico sobre el formato de los torneos, los cambios reglamentarios, el reparto de recursos y, especialmente, el arbitraje.
Sin embargo, River rechaza el modelo de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Eso desarma una explicación cómoda para el oficialismo afista: no todo dirigente que cuestiona a Tapia responde al proyecto privatizador de Javier Milei. Verón tampoco encaja del todo en esa etiqueta: defiende la incorporación de capital privado al fútbol, aunque distingue ese modelo del de las sociedades anónimas.
Tampoco puede decirse que todos los “aliados” de Tapia sean defensores incondicionales del modelo de clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro. El propio Riestra es señalado con frecuencia por operar como una SAD encubierta bajo el amparo de la AFA.
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Cómo juega Córdoba
Andrés Fassi, presidente de Talleres, fue el principal defensor e impulsor de la implementación de las SAD en el fútbol argentino. Su postura se basó directamente en el esquema de gestión privada mexicano, país donde consolidó su carrera empresarial como accionista y directivo del Grupo Pachuca. Bajo su mando, Talleres impugnó la asamblea que reeligió anticipadamente a Tapia, y él mismo cuestionó arbitrajes y el modelo de conducción. Tras el escándalo con el árbitro Andrés Merlos, el mandamás de la T recibió una suspensión de 24 meses. En septiembre de 2025 pidió disculpas públicas y, tres meses después, el Tribunal de Disciplina dio por cumplida la sanción. No hay pruebas de que ese arrepentimiento haya sido impuesto, pero la secuencia muestra cuánto cuesta sostener una guerra con el poder central del fútbol argentino.
La antítesis es Juan Manuel Cavagliatto, presidente de Instituto, quien nunca escondió su cercanía con Tapia, al que menciona como su “amigo” y califica como “el mejor dirigente del mundo”. Hoy es vocal suplente del Comité Ejecutivo de la AFA. La relación entre ambos es de sintonía absoluta. Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano, también eligió el alineamiento: “Belgrano es hoy un soldado más” y quiere “llevarse bien con todos”, dijo al explicar su vínculo con la AFA. Como Cavagliatto, es vocal suplente del Comité Ejecutivo.
Hay, además, dos casos cordobeses que figuran en expedientes judiciales. El primero se remonta a 2020, cuando Barracas le ganó 1-0 a Belgrano, con las expulsiones de dos jugadores y del DT del Pirata —Ricardo Caruso Lombardi— y un gol en el minuto 95. En chats atribuidos a Juan Pablo Beacon, excolaborador de Toviggino, un contacto agendado como “Tovi II” (presuntamente, el tesorero de la AFA) le habría pedido entregar 300 mil pesos al árbitro Nelson “Chino” Sosa.
El segundo es el de la final del Federal A disputada en noviembre de 2021. Racing de Nueva Italia perdió con Deportivo Madryn y, en conversaciones también atribuidas a Beacon y Toviggino, ambos siguen el partido y celebran la actuación del árbitro Adrián Franklin y el resultado favorable al equipo patagónico. Nada de esto prueba que esos partidos hayan sido arreglados, pero muestra hasta qué punto la desconfianza dejó de ser solo folclore de tribuna.
Política y Justicia
Tapia y Toviggino fueron procesados en una causa que investiga la retención indebida de impuestos, aportes y contribuciones de la seguridad social por más de 19 mil millones de pesos. En junio, la Cámara en lo Penal Económico confirmó los procesamientos. Un procesamiento no equivale a una condena y la AFA rechaza las acusaciones. En paralelo, otras investigaciones siguen el rastro de fondos administrados en el exterior por TourProdEnter, contratada por la entidad para manejar ingresos internacionales.
En lo político, en cambio, hubo un giro. Hasta hace pocos meses, Milei y Tapia parecían destinados a una guerra sin fin. El presidente de la Nación impulsaba las SAD y atacaba públicamente a la dirigencia afista, hasta que la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, el 5 de marzo, abrió otra etapa. Meses antes, Tapia había anunciado a Mahiques como vicerrector de la proyectada Universidad del Fútbol Argentino, cargo del que luego se apartó. El nuevo ministro también había integrado la Comisión de Ética de Conmebol. Mahiques negó que esos antecedentes implicaran amistad o un pacto con Tapia y Toviggino y aseguró que no llegó al Gobierno para frenar ninguna investigación.
Uno de sus primeros movimientos fue pedir la renuncia de Daniel Vítolo, titular de la Inspección General de Justicia y hasta entonces cara visible de la ofensiva administrativa contra la AFA. Mahiques mantuvo inicialmente los veedores impulsados por Vítolo, aunque en los meses siguientes varias investigaciones atravesaron demoras y disputas de competencia. Vítolo acusó luego al ministro de no tener voluntad de avanzar contra la entidad; Mahiques lo negó.
En ese contexto apareció una versión más delicada. El periodista Carlos Pagni publicó que fuentes del propio Gobierno atribuían a Mahiques una negociación entre Toviggino y la Casa Rosada. Según esa versión, el entorno afista habría aportado información sobre quién estuvo detrás de la grabación de los audios de Diego Spagnuolo difundidos por el canal de streaming Carnaval (al que muchos vinculan con el tesorero, lo mismo que los portales de noticias Doble Amarilla y Data Clave), que detonaron el escándalo de la ANDIS. La hipótesis no está probada y fue negada por el Gobierno.
Lo que sí se pudo comprobar es que la guerra pública bajó de volumen. Milei volvió a cuestionar en agosto aspectos del manejo de la AFA, aunque con una virulencia muy distinta de la etapa anterior. Tampoco puede hablarse de blindaje judicial absoluto: con Mahiques ya en Justicia, la Cámara confirmó los procesamientos de Tapia y Toviggino. Más que un pacto demostrado, lo que parece haber es una tregua cuya cronología deja preguntas abiertas.
¿Y ahora? Tapia sigue ahí porque, más allá de las sospechas, las peleas y los expedientes, tiene algo mucho más concreto: votos. En enero, el Comité Ejecutivo aprobó por unanimidad una serie de resoluciones anteriores y, además, votó un aval integral a los procedimientos realizados por Tapia, el secretario general Cristian Malaspina y el tesorero Toviggino en ejercicio de sus funciones. No hubo disidencias y la votación fue certificada por escribano público. Ese dato explica más que cualquier teoría conspirativa: “Chiqui” no manda sólo por imposición; también cuenta con el visto bueno de quienes se sientan a esa mesa.
Lo cierto es que todavía no existe una oposición orgánica con candidato, programa y votos suficientes para desplazar a Tapia. Verón confronta, River formalizó sus cuestionamientos, pero hasta ahora los adversarios de la conducción no consiguieron convertirse en alternativa.
Empeñarse en probar que hay resultados puestos de antemano encierra la discusión en la teoría de la gran conspiración, y en ese terreno al “sistema” le alcanza con mostrar que no hay pruebas para darla por cerrada. Pero una institución que convive con relaciones de poder difíciles de separar de lo deportivo y logra que hasta un error del VAR se lea como prueba de un mandato político tiene un problema mucho más grave que cualquier fallo arbitral. Restaurar la credibilidad parece quimérico. El daño ya está hecho.
