El presidente Javier Milei, junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en la Casa Rosada para modificar el régimen de designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de simplificar trámites, evitar procesos redundantes y cubrir las vacantes del máximo tribunal con mayor rapidez, en un contexto donde el oficialismo evalúa acelerar la renovación del cuerpo.
El nuevo instrumento legal, que se publicará de forma inminente en las próximas, modifica de raíz el histórico decreto 222/03 de «autolimitación presidencial» dictado por Néstor Kirchner.
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La nueva medida oficial elimina la instancia de impugnaciones y observaciones de la ciudadanía, las ONG y los colegios profesionales ante el Ministerio de Justicia (que disponía de un plazo de 15 días), así como la obligación de publicar la postulación del candidato en dos diarios de circulación nacional durante al menos tres días.
Desde el Gobierno argumentaron ante LA NACION que existía una «duplicación de instancias administrativas» y una innecesaria «opacidad», defendiendo que estos cambios reducen drásticamente los tiempos del proceso de selección sin suprimir la transparencia, ya que el control ciudadano y el debate de los pliegos se mantienen garantizados en la etapa posterior que se lleva a cabo en el Senado de la Nación.
Los detalles del nuevo esquema y el fin del criterio de género
El decreto rubricado por Milei y Mahiques suprime de forma taxativa las recomendaciones del decreto de Kirchner para que las propuestas de los jueces de la Corte contemplen la diversidad de género, la especialidad y la procedencia regional de los postulantes.
Si bien estas pautas ya habían sido omitidas por la gestión actual al postular previamente al juez federal Ariel Lijo y al académico Manuel García-Mansilla, el trámite extendido del decreto 222/03 terminó multiplicando los días de desgaste político para el oficialismo debido a la acumulación de impugnaciones contra Lijo, las cuales luego volvieron a repetirse en la Cámara Alta.
Asimismo, la normativa moderniza el sistema de publicación adaptándolo a las tecnologías actuales, incorporando de manera obligatoria la difusión de las postulaciones en la página oficial del Ministerio de Justicia. En cuanto al plano patrimonial de los candidatos, se establece un régimen uniforme de información patrimonial y de cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales:
-Se fija un plazo para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informe la situación fiscal de los concursantes.
-Se otorga un plazo estricto de cinco días para que los postulantes presenten las declaraciones juradas de bienes que contempla la Ley de Ética Pública.
Alerta en el ámbito judicial y la disputa interna por las vacantes
La reforma judicial puso de inmediato en alerta a las ONG dedicadas a la transparencia y la lucha anticorrupción, las cuales aguardan conocer la «letra chica» del texto oficial antes de emitir pronunciamientos institucionales directos. El escenario coincide con una fuerte aceleración de la Casa Rosada para cubrir vacantes de jueces y fiscales en la Justicia Nacional y Federal, habiendo enviado ya más de cien pliegos al Senado, de los cuales 74 ya consiguieron el respectivo acuerdo constitucional y esperan la firma definitiva del Presidente.
Actualmente, la Corte Suprema de Justicia cuenta con solo tres de sus cinco miembros previstos por ley: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Mientras Javier Milei ha manifestado su preferencia por esperar hasta después de las elecciones de 2027 para cubrir las dos vacantes remanentes —apostando a un triunfo que le otorgue los dos tercios propios en el Senado—, el ministro Mahiques presiona para activar el debate de inmediato, respaldado en que el pliego de su padre, Carlos «Coco» Mahiques (para renovar en Casación), cosechó 58 votos en la Cámara Alta.
A esta postura se suma el propio Ricardo Lorenzetti, quien se reunió con Milei para sugerir los nombres del camarista Mariano Borinsky y la jueza Karina Perilli. En tanto, otros sectores del sector judicial impulsan la postulación de Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura y cercana a Rosatti, alimentando las especulaciones de que el nuevo decreto es el puntapié inicial para acelerar de inmediato la renovación de la Corte.
