El Poder Ejecutivo de Israel manifestó su rechazo ante la entrega del Premio Nobel de la Paz 2026 a la abogada sudafricana Navi Pillay, quien desde la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados calificó como «genocidio» las acciones de Israel sobre la población palestina en la Franja de Gaza.
A través de un posteo en su cuenta oficial de X, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, cuestionó la legitimidad del reconocimiento y lo consideró un agravio hacia su Estado. Calificó al trabajo de Pillay como una «implacable demonización de Israel», y se permitió una ironía: «Si existiera un premio a las mentiras, el odio y los libelos de sangre, Pillay no sería solo una aspirante, sino una de las favoritas».
Sa’ar hizo mención a la «genoLIE», un juego de palabras entre «genocidio» y «mentira (lie, en inglés), como una forma de cuestionar uno de los puntos centrales de la trayectoria de Pillay: la declaración de la situación de los palestinos en Gaza como un genocidio. «La comisión del Nobel premió la mayor mentira del siglo XXI», escribió. Y remató con una frase contundente, que remite al Holocausto nazi: «Joseph Goebbels seguramente lo celebra desde el infierno».
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El jefe de la diplomacia israelí agregó que darle el Premio Nobel de la Paz a Pillay constituye una «grotesca instrumentalización» del galardón, con el objetivo de legitimar el prejuicio y el odio hacia Israel por motivos políticos.
La controversia se enmarca en la discusión sobre la aplicación jurídica de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por las Naciones Unidas en 1948. Esta norma exige demostrar la intención deliberada de destruir, de manera total o parcial, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.
La comisión bajo la dirección de Pillay concluyó que las declaraciones de autoridades políticas y militares israelíes, junto con el desarrollo de los operativos en el terreno, evidenciaron el propósito de destruir a los palestinos de Gaza. El reporte de ese cuerpo de investigación identificó conductas específicas como el asesinato de civiles, la imposición de condiciones de vida destructivas y el bloqueo de asistencia humanitaria básica.
Por su parte, el Estado de Israel rechazó de forma sistemática estas acusaciones y argumentó que sus operaciones de defensa se dirigen contra la organización Hamás y no contra la población civil. El gobierno de Benjamín Netanyahu sostiene que el uso de la categoría de genocidio carece de sustento fáctico y legal, y califica los informes emitidos por el panel de las Naciones Unidas como «relatos distorsionados» que actúan a favor de los grupos armados locales.
MB / AS
