El Senado debatió el proyecto de reforma integral de la Ley General de Sociedades que impulsa el Gobierno Nacional, con fuertes cruces por la creación de compañías automatizadas mediante algoritmos e Inteligencia Artificial (IA). La iniciativa fue estudiada en la Comisión de Legislación General, que encabeza Nadia Márquez, y se calcula que habrá, por lo menos, dos reuniones informativas más, antes de poder tener un dictamen.
Según consignó la Agencia Noticias Argentinas (NA), prácticamente todos los expositores peronistas cuestionaron el proyecto que elaboró el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, produciéndose un fuerte cruce, además, entre la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y el extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen.
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Uno de los aspectos más cuestionados del proyecto es la incorporación de la figura de la “Sociedad Automatizada”, pensada para operar usando algoritmos o sistemas de inteligencia artificial sin necesidad de tener empleados para su funcionamiento cotidiano. La reforma también incluye organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), estructuras que pueden funcionar de manera parcial o totalmente autónoma, usando participaciones representadas mediante tokens.
El proyecto armado por Sturzenegger también disminuye la tutela del Estado sobre la manera en que los socios organizan sus negocios, estableciendo que las disposiciones de la ley tendrán carácter supletorio y que, en el comienzo, prevalecerá lo determinado en el estatuto de cada sociedad.
El cruce entre Ricardo Nissen y Patricia Bullrich
Ricardo Nissen, quien condujo la Inspección General de Justicia (IGJ) durante el gobierno de Alberto Fernández, rechazó el proyecto armado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, remarcando que “hay que cambiar la ley 19.500, no lo dudo. Pero esto no, porque es la consagración de las sociedades comerciales como trampa, como ámbito de actuación deshonesta para que la gente de plata tenga más plata y bienes, y los trabajadores nunca disfruten nada”.
Y luego sumó: “Los vivos de siempre que vienen de Miami, vienen disfrazados de socios norteamericanos, hacen lo que quieren con la ley, la manipulan y resulta que después salen absolutamente ilesos”.
Bullrich lo cuestionó diciéndole que tiene “mirada de carácter estrictamente político y no como un experto, sino como una persona que durante su gestión generó limitaciones estrictas a una ley de la Nación, siendo director de la IGJ, y eso es algo que no correspondía. El acusador termina siendo acusado”.
La última frase de la referente libertaria generó los cuestionamientos del bloque peronista, que pidieron responderle a la diputada, pero no se les concedió la solicitud.
Voces a favor y en contra del proyecto de ley de sociedades
El titular de la Unidad de Información Financiera, Matías Álvarez, afirmó que “este proyecto mantiene y fortalece el sistema de prevención de lavado de activos, mantiene inalterado el cumplimiento de los estándares internacionales y brinda una oportunidad para modernizar esta legislación”.
Además, aseguró que la iniciativa permitirá la “modernización del sistema con la incorporación del legajo digital público y la digitalización de todos los libros y registros societarios para entender la actividad económica dentro de las sociedades”.
Por su parte, el CEO de Saltellogic, Emiliano Kargieman, remarcó: “Desde las entidades autónomas, apoyo la creación de un marco jurídico argentino para este tipo de sociedades porque la oportunidad que tiene Argentina es histórica. Este proyecto puede darle al país una ventaja institucional y económica importante”.
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A continuación, Sebastián Heredia Querro, especialista en blockchain, señaló que “nuestras pymes compiten en un mercado global con leyes de otra época. Este anteproyecto fue elaborado por una comisión federal que conoce el interior del país y creo nos va a dar la infraestructura jurídica que la producción argentina necesita para el siglo XXI”.
Por su parte, la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y titular del Programa para la Protección de los Usuarios y Consumidores del Ministerio Público de la Nación, Gabriela Boquín, denunció que “el proyecto tiene normas que son incongruentes con los principios que sustenta; es contradictorio. Si utilizáramos el proyecto tal cual está analizado, hubiéramos perdido el caso YPF”.
En ese punto, señaló que “modernizar no significa desproteger, simplificar no significa desregular y ampliar la libertad no significa abandonar a quienes tienen menos para poder ejercerla”.
HM/DCQ
