El Gobierno de Javier Milei activa nuevamente la agenda legislativa en medio de los escándalos que llueven sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y en el medio de las fricciones internas que atraviesa el Gabinete.
El último viernes hubo reunión de la Mesa Política, encabezada justamente por el ministro coordinador, el mismo día que se cumplía el plazo para que el Gobierno cumpla el fallo de la Justicia y ponga en vigencia la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, con un impacto fiscal de $2,5 billones.
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En ese contexto, el Gobierno busca activar el debate por la Ley de Educación Superior propia, la que tiene un impacto fiscal menor y que fue presentada en febrero de este año pero cuya discusión en comisiones nunca se activó.
Tal como contó PERFIL, el asesor Santiago Caputo activó una jugada de alto riesgo para que la Procuración del Tesoro Nacional (PTN), a través de Sebastián Amerio presente un recurso extraordinario y sea la Corte Suprema la encargada de tratar el tema. En el Gobierno repiten hasta el cansancio: no romperán el superávit fiscal y le piden al Congreso que diga de donde saldrán los fondos.
Santiago Caputo impulsa dos jugadas de riesgo ante la Corte Suprema
Pero más allá de los argumentos legales, el Gobierno realiza un jugada en dos bandas: en el plano judicial va a la Corte Suprema, mientras que en el plano político-legislativo busca activar el debate por su propia Ley de Educación Superior. Los movimientos en el oficialismo no están exentos de roces y nuevas fricciones en la interna libertaria.
Por un lado, el asesor Santiago Caputo apunta a darle celeridad al proyecto (de hecho entiende que debería haberse tratado antes del segundo fallo adverso al Gobierno en la materia) mientras que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, hace los números y parecería no contar con los votos.
Caputo tiene en Alejandro «Galleguito» Alvarez, subsecretario de Políticas Universitarias a uno de sus alfiles. El proyecto presentado no cuenta con el visto bueno del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN),
La demora en la activación del tratamiento por parte de Menem se debe a la falta de apoyos para la ley. ni siquiera el PRO, principal aliado tiene una posición tomada sobre el texto y hasta algunas voces señalan que no estarían dispuestos a apoyarlas.
La agenda legislativa del Gobierno ingresó en un cono de dudas. La «Ley Hojarasca», que estaba pensada para ser tratada este miércoles por ahora no tendría consenso para ir al recinto. Tampoco llega el Gobierno con la aprobación del Tratado de Patentes (PCT). En las últimas horas ingresaron un proyecto contra el fraude de pensiones por invalidez y una reforma al Código Civil y Comercial.
El Código Penal sigue siendo revisado, y una vez más pone sobre la superficie las tensiones de la interna. Juan Bautista Mahiques quería presentar un proyecto para «armonizar» penas antes de presentar el nuevo código; Caputo quiere que sea remitido cuanto antes el nuevo Código Penal.
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