Buenos Aires, 13 de noviembre (NA) – La administración de Andrés Watson recibió un revés judicial por la cesantía de un dirigente gremial de Florencio Varela: el Tribunal del Trabajo N° 1 ordenó su reincorporación y el pago de los salarios que dejó de cobrar. La federación sindical que impulsó el reclamo estimó que el costo para el Municipio superaría los $50 millones.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la decisión fue difundida el 12 de noviembre por FeSiMuBo y beneficia a Osvaldo Roberto Martínez, secretario general del Sindicato de Empleados Municipales de Florencio Varela (SEMFV). La organización informó que el tribunal hizo lugar al amparo sindical y consideró discriminatoria la desvinculación.
El conflicto compromete una decisión del Ejecutivo municipal. De acuerdo con la reconstrucción del proceso difundida por el gremio, la cesantía fue declarada ineficaz y la condena comprende las remuneraciones pendientes, sus actualizaciones e intereses y las costas judiciales.
Los $50 millones son una estimación sindical, no un monto liquidado por el tribunal. La federación vinculó ese cálculo con el período durante el cual Martínez permaneció apartado de su empleo y con las consecuencias económicas del litigio.
La disputa también alcanzó el reconocimiento de la actividad gremial. El SEMFV había resuelto adherir a FeSiMuBo desde su asamblea fundacional y, según las coberturas sobre el fallo, la resolución reconoció el derecho de representación de la federación en el distrito.
El recorrido judicial incluyó un primer rechazo del amparo y una intervención posterior de la Suprema Corte bonaerense, que ordenó renovar la integración del tribunal para analizar el planteo. La decisión favorable al trabajador fue adoptada por mayoría, con un voto en disidencia, de acuerdo con los antecedentes reseñados.
La federación conducida por Hernán Doval atribuyó la desvinculación a una persecución contra la organización sindical. Esa es la acusación del gremio; el resultado judicial comunicado fue la orden de reinstalación y la condena económica contra la comuna.
El pronunciamiento convirtió una cesantía dispuesta por la gestión Watson en una obligación de reincorporar al trabajador y afrontar los salarios caídos, intereses y costas del proceso.
Agencia NA
