La crisis del gas explotó en pleno corazón de la Argentina. A las advertencias tempranas de los empresarios tucumanos, desoídas por el Gobierno, por faltante y cortes del suministro en plena producción estacional, ahora se conoció que su reemplazo existe, pero es tan costoso que su precio se dispara hasta nueve veces del valor original. Pero ya no es sólo el Norte Grande que sufre hoy, incluso sin un invierno crudo, la interrupción del servicio, sino que Córdoba también está entrampada en una encerrona productiva, que obligó a apagar hornos y motores, en medio de denuncias por falta de seguridad jurídica por el incumplimiento de contratos firmes y semifirmes.
La Unión Industrial de Tucumán (UIT) advirtió que los faltantes en el suministro de gas “comprometen la producción, el empleo y la competitividad de las economías regionales”. Lo que generó malestar en la cúpula fabril es que estas restricciones ya ocurren incluso “sin registrarse temperaturas extremas que justifican una situación de emergencia”. Para las fábricas del Norte Grande, esta escena es recurrente y dejó en evidencia un déficit de infraestructura que el paso de las administraciones no logró subsanar.
Sucede que esa región argentina es la principal perjudicada por las falencias del sistema. La realidad que expusieron desde Tucumán es contundente: las empresas enfrentan “costos extraordinarios, llegando incluso a pagar por gas importado valores cercanos a los 27 dólares por millón de BTU, mientras en otras regiones del país ese mismo insumo ronda los 3 dólares”. Esta brecha de precios, que alcanza una diferencia de hasta nueve veces, expulsa a la producción local de cualquier esquema de competitividad y profundiza la asimetría histórica con el centro del país.
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Transparencia y reclamos por los sobrecostos
Desde la UIT valoraron las gestiones del gobierno provincial para “defender los intereses de la industria tucumana”, aunque subrayaron que la solución de fondo requiere un cambio de rumbo nacional. Y plantearon una pregunta central: “¿Quién se beneficia con este esquema que obliga a las industrias a pagar un gas hasta nueve veces más caro?”. La entidad exigió “despejar cualquier duda y garantizar absoluta transparencia en el funcionamiento del mercado energético”, una solicitud que cobró fuerza ante la falta de explicaciones oficiales sobre la lógica detrás de estos sobrecostos.
El escenario no es nuevo, sino que se inscribe en un invierno marcado por la incertidumbre y la caída en la actividad. Como pudo relevar PERFIL, la industria atraviesa uno de sus momentos más difíciles de los últimos 20 años. En el caso específico de Tucumán, el problema se entrelaza con una restricción impuesta por la Secretaría de Energía en las capacidades de transporte, que derivó en un reordenamiento contractual que redujo la capacidad de suministro en un 35% entre junio y agosto. Con cortes que podrían extenderse hasta 85 días, las industrias azucarera, citrícola y papelera —cuyo pico de producción coincide justamente con el invierno— se encuentran ante el riesgo real de una parálisis operativa.
El fin de la paciencia cordobesa
En paralelo, la situación en Córdoba refleja un escenario de tensión creciente. Las restricciones e interrupciones de gas, incluso sobre contratos firmes y semifirmes, «afectan la continuidad operativa de industrias que dependen de este insumo esencial para producir». En el sector productivo cordobés son tajantes: «No estamos hablando de una incomodidad administrativa», sino de «plantas que deben reducir actividad, reorganizar procesos, incumplir programas de entrega o asumir costos extraordinarios para seguir funcionando». Es que la falta de previsión en el sistema energético «no desaparece: se traslada», golpeando de lleno a un sector fabril que necesita certezas para sostener sus niveles de actividad.
Como insisten desde la industria, «las empresas tienen que producir» y no pueden convertirse «de un día para otro en especialistas en licitaciones de GNL, contratos energéticos, penalidades y alternativas de abastecimiento dentro de un mercado técnico, regulado y complejo». Este reclamo cobra peso al considerar que «mucho menos puede exigirse eso a las pequeñas y medianas industrias, que son las más vulnerables y no cuentan con estructuras para resolver individualmente una crisis que es sistémica». El impacto, en rigor, dejó de ser potencial para volverse tangible: «Cada corte obliga a frenar producción o a reemplazar el gas por alternativas mucho más caras», lo que encarece la estructura de costos y debilita la competitividad de toda la cadena.
Finalmente, persiste la inquietud por la «falta de transparencia» y la «asimetría de información» que caracteriza a los criterios de restricción, sumado a la «escasa certeza sobre la disponibilidad real de gas en el sistema». Frente a este panorama, los industriales sostienen que «el Estado debe prevenir, ordenar y hacer cumplir las reglas», advirtiendo que, de lo contrario, «el mercado queda librado a una lógica de ‘ley de la jungla’», donde prevalece quien tiene mayor capacidad de negociación. En última instancia, enfatizan que la energía «debe ser una condición para producir, no un obstáculo que paralice a quienes generan empleo», reiterando que el Estado «tiene la responsabilidad indelegable de ordenar el sistema y garantizar un abastecimiento previsible para la producción».
Inviabilidad económica y riesgo de parálisis laboral
El cuello de botella tiene causas estructurales claras: combina el déficit geológico de la Cuenca Noroeste, que hoy aporta apenas el 20% de su capacidad histórica, con los tiempos de la infraestructura en la Reversión del Gasoducto Norte. Ante la inviabilidad económica de recurrir al GNL importado, cuyos precios se dispararon por el conflicto bélico en Irán, las plantas tucumanas operan hoy, en el mejor de los casos, al 60% de su capacidad instalada. “Todas las fábricas en general están sujetas a un posible riesgo de falta de gas o, en el mejor de los casos, un encarecimiento muy fuerte”, explicaron fuentes del sector ante el impacto de las subas que, por la prima de regasificación, ya presionan un 25% extra sobre los costos energéticos globales.
Este escenario desplazó la discusión de los márgenes de rentabilidad hacia la supervivencia misma del empleo industrial. Con un ritmo de pérdida de puestos de trabajo que promedia los 3.000 a 4.000 mensuales a nivel nacional, la inestabilidad laboral en el norte es una consecuencia directa de la falta de previsibilidad. Las empresas tucumanas, que ya se reunieron con las distribuidoras para monitorear la crisis, se debaten hoy entre la posibilidad de recurrir a energías alternativas de mayor costo —como el fuel oil— o directamente disponer de suspensiones y paradas de planta para amortiguar el impacto de la actividad frenada.
Para la cúpula industrial, el conflicto vuelve a exponer que “la industria no puede seguir siendo la variable de ajuste”. El reclamo es básico: “Argentina necesita reglas claras, infraestructura y previsibilidad para producir, invertir y generar empleo”. Sin una respuesta de los despachos nacionales que garantice la equidad en el abastecimiento, las economías regionales se enfrentan a un invierno donde el frío no solo lo sentirá la macroeconomía, sino que impactará de lleno sobre el tejido fabril y la estabilidad social de miles de familias.
ML
