La cantidad de personas detenidas en la provincia de Buenos Aires casi se duplicó durante la última década y el crecimiento sostenido llevó al sistema carcelario a niveles críticos de sobrepoblación. A diciembre de 2025 había 63.934 personas privadas de su libertad en cárceles, alcaidías, comisarías o bajo monitoreo electrónico, contra las 61.810 registradas un año antes.
Los datos forman parte del 20° Informe Anual de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), “El sistema de la crueldad XX”, elaborado por el organismo en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
El trabajo revela un diagnóstico crítico sobre la política criminal bonaerense y advierte que la cantidad de detenidos viene aumentando a un ritmo cercano al 5% anual. La tasa de encarcelamiento provincial, además, duplica actualmente el promedio mundial, según el relevamiento.
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El crecimiento tuvo un impacto directo sobre las condiciones de alojamiento. A fines del año pasado, la sobrepoblación en cárceles y alcaidías alcanzaba el 116%, diez puntos porcentuales más que durante 2024.
Para la CPM, el hacinamiento no solo deteriora las condiciones de vida dentro de los establecimientos sino que agrava los problemas sanitarios. Durante 2025 se produjeron 224 muertes en cárceles y alcaidías y 203 de ellas —nueve de cada diez— estuvieron relacionadas con problemas de salud no asistidos.
El informe está basado en las 785 inspecciones realizadas durante el año pasado en cárceles, comisarías, alcaidías, centros de detención juvenil, hogares de niñez, hospitales de salud mental y comunidades terapéuticas.
A partir de más de 54.500 entrevistas y comunicaciones con víctimas de violencia estatal, el organismo registró 91.833 hechos de tortura, malos tratos y otras vulneraciones a los derechos humanos. Un 16% correspondió a situaciones de negación o restricción del acceso a la Justicia.
“La tortura sigue siendo una práctica sistemática en los lugares de encierro y el despliegue de las fuerzas de seguridad”, sostiene la CPM, que cuestionó la ausencia de políticas capaces de revertir esas prácticas.
Otro de los indicadores que aparecen bajo análisis es la elevada cantidad de personas encarceladas sin sentencia firme. El 47% de quienes estaban alojados en cárceles y alcaidías bonaerenses permanecía detenido sin una condena firme. La proporción subía al 56% entre las mujeres y al 53% entre las personas trans.
El informe también pone la lupa sobre dos mecanismos judiciales. Por un lado, señala que nueve de cada diez causas se resuelven mediante juicios abreviados. Por otro, afirma que la Justicia rechaza ocho de cada diez pedidos de morigeración de la prisión, un dato que la CPM contrapone con el discurso sobre la denominada “puerta giratoria”.
El endurecimiento del sistema penal, según el organismo, también se observa fuera de las cárceles. Durante 2025 fueron registrados 141 casos de uso letal de la fuerza, equivalente a una muerte cada 60 horas.
De ese total, 87 fueron protagonizados por agentes en actividad que se encontraban fuera de servicio y actuaron en defensa de bienes propios. En 17 episodios se trató de policías que mataron mientras trabajaban como choferes de aplicaciones de viajes. También se contabilizaron 18 muertes producidas durante aprehensiones.
La CPM dedicó además un capítulo a niños y adolescentes. Durante el año pasado 842 jóvenes privados de su libertad ingresaron a centros de detención y 168 tenían 15 años o menos, es decir, uno de cada cinco.
Frente a este panorama, el organismo volvió a cuestionar las respuestas basadas en el endurecimiento penal. “Las llamadas ‘políticas de seguridad’ no son un problema técnico ni de diseño sino uno de los instrumentos de legitimación de la desigualdad en tanto criminaliza la pobreza”, sostuvo en la introducción del informe.
