La justicia federal avanza en la investigación de una presunta estructura de corrupción montada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que habría desviado fondos públicos destinados a la atención de personas con discapacidad y enfermedades crónicas graves. En las últimas horas, el fiscal Franco Picardi solicitó nuevas indagatorias que alcanzan a más de 20 empresarios y a exfuncionarios clave del organismo.
Entre los principales señalados figuran Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini, por el lado del sector público, y los empresarios Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, quienes —según la acusación— habrían articulado un esquema sistemático de direccionamiento de compras estatales. Fuentes judiciales afirmaron que todavía no hay fecha definida para las nuevas indagatorias.
La investigación sostiene que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, se realizaron maniobras para beneficiar a un grupo reducido de proveedores mediante la adjudicación irregular de contratos vinculados a insumos de alto costo, conocidos como PACBI. Estas operaciones habrían implicado una erogación cercana a los $75.478 millones de pesos del erario público.
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Los insumos involucrados —prótesis de alta gama, implantes cocleares, sillas de ruedas motorizadas y materiales para cirugías complejas— forman parte de prestaciones esenciales para personas sin cobertura médica, en su mayoría en situación de pobreza estructural. Estos recursos se gestionan a través del Programa Incluir Salud, una política pública orientada a garantizar el acceso a tratamientos de alta complejidad.
De acuerdo con la fiscalía, el organismo habría sido utilizado como una “ventanilla discrecional” para canalizar fondos hacia empresas vinculadas, a cambio de retornos y beneficios indebidos. La operatoria incluía el uso de información privilegiada, la manipulación de procesos de compra, la cartelización entre proveedores y la injerencia directa de empresarios en decisiones administrativas internas, como la selección de personal o la definición de adjudicaciones.
El expediente ya cuenta con 19 personas procesadas, mientras que la nueva tanda de indagatorias busca profundizar la responsabilidad de otros actores involucrados en el circuito. En paralelo, la fiscalía investiga el recorrido del dinero ante indicios de posibles maniobras de lavado.
