En una muestra de unidad política frente a lo que califican como una situación de “gravedad institucional”, los principales bloques de la oposición en la Legislatura de Córdoba confirmaron que en los próximos días presentarán formalmente un pedido de jury de enjuiciamiento contra los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez por presunto “mal desempeño” en sus funciones.
La iniciativa es impulsada por legisladores de la UCR, Frente Cívico, PRO, Encuentro Vecinal Córdoba, La Libertad Avanza, Mejor Futuro y Valores Republicanos, quienes confluyeron en un mismo reclamo de responsabilidades políticas y judiciales tras el homicidio de la adolescente Agostina Vega, un caso que conmociona a toda la provincia.
Pero la avanzada opositora no se limita al ámbito judicial. Además del pedido de jury contra ambos fiscales, los distintos bloques reclamaron la renuncia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, a quien responsabilizan por la actuación del Gobierno durante la búsqueda de la menor y el posterior desenlace de la investigación.
En un pronunciamiento conjunto, los legisladores sostienen que la presentación busca “defender Córdoba ante el descalabro político-judicial que ha sacudido a nuestra provincia en esta última semana”, al tiempo que cuestionan tanto el desempeño de los organismos judiciales como la respuesta del Ejecutivo provincial.
La ofensiva política también alcanzó al concejal peronista Ricardo Moreno. En ese marco, dirigentes radicales y el legislador liberal Gregorio Hernández Maqueda solicitaron que los bloques de la UCR y el juecismo en el Concejo Deliberante impulsen la destitución contra el edil por su vinculación con Marcelo Barrelier, imputado y detenido por el crimen de Agostina.
Barrelier está imputado por la desaparición y, ahora, lo estará por el asesinato de la adolescente de 14 años, cuyos restos fueron hallados el sábado en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.
De esta manera, el caso Agostina Vega se transformó en el eje de una ofensiva política e institucional sin precedentes recientes, con una oposición que busca trasladar el reclamo de justicia al terreno de las responsabilidades políticas, judiciales y administrativas.
