La Cámara Federal de Casación Penal resolvió archivar definitivamente la causa judicial que investigaba al expresidente Mauricio Macri y a otros exfuncionarios por el acuerdo que su gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018. La decisión fue adoptada por unanimidad, después de que el fiscal general Raúl Omar Pleé retirara el recurso con el que se buscaba mantener abierta la discusión judicial sobre el expediente.
El fallo fue firmado por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, integrantes de la Sala IV del máximo tribunal penal federal. De esta manera, quedó firme el cierre de la investigación, que buscaba determinar si existieron delitos en la negociación y la implementación del préstamo otorgado por el organismo internacional durante la gestión de Cambiemos.
La causa se centraba en el crédito que inicialmente había sido acordado por US$ 50.000 millones y que luego se amplió hasta alcanzar los US$ 57.100 millones. La denuncia planteaba posibles irregularidades en la contratación de la deuda y apuntaba a establecer si los fondos habían sido utilizados para sostener la salida de divisas al exterior.
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El expediente ya había sido archivado en febrero de 2026 por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, titular del Juzgado Federal N.º 5. En aquella resolución, la magistrada consideró que la negociación del préstamo constituía una decisión de política económica y que no se habían reunido elementos suficientes para acreditar la comisión de un delito penal. Sin embargo, la decisión fue cuestionada por integrantes del Ministerio Público Fiscal, que impulsaron recursos para intentar revertir el cierre de la investigación. El caso llegó finalmente a Casación, donde Pleé resolvió desistir de la apelación.
Entre los fundamentos citados para justificar el archivo se destacó que, después de varios años de investigación, no se había logrado establecer una hipótesis delictiva concreta. El dictamen sostuvo que las objeciones presentadas no alcanzaban para demostrar una conducta criminal y que el cuestionamiento remanente estaba vinculado con el desacuerdo respecto de un determinado modelo económico.
En esa línea, los magistrados consideraron que las instancias judiciales anteriores habían aplicado adecuadamente el criterio según el cual determinadas decisiones de política pública corresponden a otros poderes del Estado y no pueden ser revisadas por los tribunales únicamente por diferencias de criterio.
El fallo también rechazó un planteo presentado por Antonio Conrado De Martino, un ciudadano que había intervenido en el expediente en carácter de contribuyente y pretendía que la investigación continuara. Los jueces entendieron que no correspondía admitir su reclamo, al considerar que no acreditaba ser un perjudicado directo por los hechos denunciados.
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Además de Macri, la investigación comprendía a varios funcionarios que participaron de la política económica durante su administración. Entre ellos figuraban Nicolás Dujovne, quien se desempeñó como ministro de Hacienda; Luis Caputo, actual ministro de Economía y expresidente del Banco Central; Federico Sturzenegger, actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado; y Guido Sandleris, quien también estuvo al frente de la autoridad monetaria. El expediente incluía, además, a Gustavo Cañonero, Verónica Rappoport, Enrique Szewach y Mauro Alessandro, integrantes del Comité de Política Monetaria del Banco Central durante ese período.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en 2018 por los dirigentes Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo. Los denunciantes cuestionaron las condiciones en las que se había celebrado el acuerdo Stand-By con el FMI y sostuvieron que la operación se había realizado sin la intervención del Congreso Nacional, en presunto incumplimiento de la Ley de Administración Financiera.
En 2021, durante la presidencia de Alberto Fernández, la Oficina Anticorrupción presentó una nueva acusación relacionada con el acuerdo. Esa presentación se incorporó al expediente que terminó siendo archivado.
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