Buenos Aires, 6 julio (NA) – La gestión de Julio Alak en La Plata quedó bajo presión luego de que una familia denunciara penal y administrativamente al geriátrico Nuevo Florecer, ubicado en calle 116 y 38, tras la muerte de una mujer que estaba alojada en el establecimiento.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el caso expuso una falla sensible del sistema de control sobre residencias de adultos mayores: una inspección oficial confirmó que el lugar había corregido infracciones detectadas, pero también que la habilitación definitiva continuaba en trámite.
El dato golpea de lleno sobre la administración local porque, aunque las habilitaciones de este tipo de establecimientos involucran organismos provinciales, el municipio no puede desentenderse de lo que ocurre dentro de la capital bonaerense. La Plata tiene decenas de instituciones que alojan adultos mayores y la responsabilidad política de fiscalizar el territorio también alcanza a la gestión de Alak.
La denuncia familiar encendió una alarma concreta: si un geriátrico puede funcionar con trámites pendientes y recién quedar bajo la lupa después de un fallecimiento, entonces el problema no es solo administrativo, sino de prevención estatal.
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El gobierno municipal deberá explicar cuántas residencias de adultos mayores funcionan en La Plata, cuáles cuentan con habilitación definitiva, cuáles están en trámite y con qué frecuencia son inspeccionadas. También tendrá que aclarar si existe un registro local actualizado y accesible para que las familias sepan dónde dejan a sus padres, madres o abuelos.
La gestión de Alak suele presentar el ordenamiento de la ciudad como uno de sus ejes, pero ese discurso queda debilitado cuando aparece un caso que involucra a personas vulnerables, denuncias familiares y controles tardíos.
En una ciudad capital, con estructura administrativa, áreas de inspección y capacidad política para reclamar coordinación con la Provincia, no alcanza con decir que el expediente corresponde a otro nivel del Estado. La responsabilidad municipal empieza antes de la tragedia: detectar riesgos, exigir respuestas y proteger a los vecinos.
El caso Nuevo Florecer obliga ahora a Alak a salir de la reacción y mostrar una política real de fiscalización sobre geriátricos. Porque cuando el Estado llega después de una denuncia y no antes, el costo lo pagan las familias.
Agencia NA
